Bolivia acusa al expresidente argentino Mauricio Macri de colaborar con la destitución de Evo Morales | Internacional

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se disculpó con el Gobierno y el pueblo de Bolivia por un envío de munición antimotines que realizó su predecesor, Mauricio Macri, al Gobierno boliviano de Jeanine Añez, en noviembre de 2019. “Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas sediciosas contra la población boliviana en esos días”, dice en una carta dirigida al presidente boliviano Luis Arce. “Me dirijo a usted con… dolor y vergüenza”, escribe. “Se trató de una colaboración decidida por el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional de su país”, explica.

En La Paz, el ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, denunció “una coordinación internacional para reprimir al pueblo boliviano”, que comparó con el Plan Cóndor que ejecutaron las dictaduras militares en los años setenta. Maita mostró a la prensa una nota de agradecimiento enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, General Gonzalo Terceros, al embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, en la que se confirma la recepción de 40.000 cartuchos AT 12/70 y una cantidad pequeña de granadas de gas lacrimógeno. El Ministro de Exteriores boliviano consideró que esta munición fue usada por las fuerzas policiales y militares en la “masacre de Sacaba”, que ocurrió el 15 de noviembre, y en la “masacre de Senkata”, que se produjo el 17 de noviembre de 2019. En estos hechos de represión a los sectores que protestaban por el derrocamiento de Evo Morales murieron más de 30 personas.

Cuando Añez asumió, el 12 de noviembre de 2019, las fuerzas policiales y militares sufrían un total desabastecimiento de gases lacrimógenos y otros proyectiles antimotines, luego de los 21 días de conflictos callejeros que antecedieron a la caída de Evo Morales. Esta carestía llevó a que el Gobierno interino solicitara la ayuda de al menos dos gobiernos vecinos: el de Argentina y el de Ecuador, entonces presidido por Lenin Moreno, que también le dio a Bolivia un cargamento de municiones de este tipo. El ministro boliviano Maita pidió que la fiscalía boliviana investigara quién podía haber realizado una operación de coordinación de alcance internacional, que pudiera tener contactos con varios gobiernos latinoamericanos. También solicitó que se investigara cómo se borraron los registros de la entrada de este material y de los vuelos que lo trajeron. Declaró que el Gobierno anterior intentó mantener en secreto lo que ocurrió y no descartó que vayan a descubrirse otros casos como este.

La carestía de municiones para la Policía llevó a que, tras los envíos de Argentina y Ecuador, el ministro de Gobierno de Añez, Arturo Murillo, comprara suministros policiales no letales a través de una empresa intermediaria en Miami. Hoy Murillo se encuentra encarcelado en esta ciudad de los Estados Unidos, donde residía después de dejar su cargo, acusado de haber recibido sobornos y haber lavado dinero proveniente del sobreprecio que Bolivia pagó por esta compra, calculado en más de dos millones de dólares.

También está preso el autor de la nota de agradecimiento a Argentina, el General Terceros, acusado de haber participado en el supuesto golpe de Estado que condujo a Añez al poder. También está detenida la propia expresidenta, dos de sus colaboradores, y el excomandante de la Armada. El entonces comandante de la Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, en cambio, escapó en marzo de su detención domiciliaria y ahora se halla prófugo de la justicia.

La oposición boliviana considera que no hubo un golpe de Estado y que, por tanto, el gobierno de Añez fue constitucional y no una “fuerza sediciosa”, como la califica Alberto Fernández en su carta. Para los opositores, Evo Morales perdió el poder ante un levantamiento popular al que se sumaron a último momento, con sendos pedidos de renuncia del presidente, las Fuerzas Armadas y la Policía. Por tanto, consideran el proceso judicial que pesa contra Añez y los excomandantes militares como puramente político y un “instrumento de la revancha política de Morales”.

Los sucesos sangrientos de Sacaba y Senkata están siendo investigados por un Grupo de Expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No han podido ser objeto de un juicio en Bolivia, porque el oficialismo no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar una acusación por estas razones contra Añez, que tiene fuero especial por su condición de expresidenta. El proceso por el que la expresidenta está detenida supuestamente se refiere a un momento previo a su inicio como mandataria, algo que los juristas de la oposición y organizaciones internacionales de derechos humanos han considerado irregular.

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