Andrés Llorens: Un teniente de alcalde del PP de Alicante, a juicio por el presunto amaño de las adjudicaciones de obras pagadas con el Plan E de Zapatero | España
El exteniente de alcalde de Alicante Andrés Llorens (PP), que fue concejal durante cuatro mandatos a las órdenes de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, se enfrenta a la petición de cuatro años de prisión por la supuesta fijación en 2009 y 2010 de la adjudicación de diferentes obras repartidas por la ciudad y sufragadas por el Plan de Inversiones del Estado, el llamado Plan E, impulsado por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Llorens comparte banquillo y petición de sanciones con el exjefe de Atención Urbanística del Ayuntamiento de Alicante y dos representantes de las empresas supuestamente beneficiadas, Becsa y CCMS.
El juicio comenzó en la sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante este martes, con un día de retraso, ya que uno de los magistrados que integran el juzgado se encontraba indispuesto con síntomas compatibles con la covid. Llorens, principal imputado, comparece porque, según la acusación dictada en 2018, hay indicios de que el entonces alcalde conocía y consentía las irregularidades detectadas en las adjudicaciones, por lo que se le considera autor de los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación. fraude.
Todo comenzó con un correo electrónico anónimo enviado a los representantes socialistas de la Diputación de Alicante, en el que se detallaba la supuesta manipulación. La punta fue trasladada a la entonces alcaldesa socialista Carmen Sánchez Brufal, quien comenzó a investigar el asunto, lo denunció a Anticorrupción y mañana declarará en la Audiencia en calidad de testigo, ya que actúa como acusación particular. Tanto Sánchez Brufal, que, consultado por este diario, se ha negado a prestar declaraciones, como la Fiscalía piden cuatro años de prisión para los imputados.
En 2011, la Policía Nacional se sumó a la investigación y, por orden judicial, detuvo a las tres personas que ocupan el banquillo junto a Llorens. Las sospechas iniciales acabaron desembocando en un conjunto de licitaciones que rondaron los cinco millones de euros y que incluían obras como la reforma de varias plazas de la ciudad, la construcción o adecuación de más de un centenar de contenedores subterráneos de basura e incluso el acondicionamiento de dos de los símbolos más emblemáticos y turísticos de Alicante: el parque de Canalejas y el pavimento de la Explanada de España.
La jueza de instrucción llegó a considerar en su auto que incluso los pliegos habían sido redactados en las oficinas de una de las empresas beneficiadas, Becsa, que fue ubicada como adjudicataria y dejó a la otra, CCMS, como subcontratista. Esas hojas llegaron a las oficinas municipales del Departamento de Atención Urbana, donde supuestamente el técnico las probó como propias las firmó con el visto bueno, dice el juez, de Llorens.
El ex teniente de alcalde, que llegó a comandar el Ayuntamiento local tras la dimisión de la alcaldesa Sonia Castedo por haber sido imputada en una de las ramas de la trama de corrupción Brugal, de la que ha sido absuelta recientemente, llegó a la política tras presidir el comité de dirección de las principales fiestas alicantinas, las Hogueras de San Juan. Tras pasar por varios cabildos, actualmente se encuentra retirado de la política. Sin embargo, la Fiscalía pide para él y el técnico a su mando once años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público. Para los empresarios, inhabilitación durante seis años para contratar con el sector público o percibir ayudas, subvenciones, incentivos fiscales o prestaciones de la Seguridad Social. Además, el fiscal ha subrayado en su escrito de acusación que se perjudicó al Ayuntamiento «por haber viciado la igualdad de contratación», por lo que pide a los procesados una indemnización conjunta de 1.209.700 euros.
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No es la primera vez que Llorens se sienta en el banquillo, ya que fue absuelto en el juicio por una supuesta adjudicación irregular de obras en la Plaza de Magallanes, causa que fue sobreseída. Tampoco será la última, pues está pendiente otro expediente por la supuesta contratación irregular en la adjudicación del montaje de equipamientos festivos y culturales en 2003 a la empresa concesionaria Isjoma, que en Alicante se conoce como la contrato de sillas.