Un desfalco con ramificaciones globales
Por Transparencia Venezuela y CONNECTAS
“A la primera señal hay que hacer algo”, sentenció Hugo Chávez, presidente de Venezuela, al referirse a las sospechas de que un delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o de su gobierno estuviera incurriendo en un acto de corrupción. Era el domingo 6 de diciembre de 2009 y, en medio del primer Congreso Extraordinario del PSUV celebrado en la ciudad de Maracay, en la región central del país, el mandatario fruncía el ceño y subía la voz para dar más énfasis a sus órdenes: “Este partido tiene que apretarse las correas morales. Partido y gobierno debemos dar ejemplo de transparencia, de honestidad a toda prueba y más allá”.
Minutos antes, Chávez se había dedicado a explicar que si un delegado del PSUV con un pequeño Volkswagen y un apartamento en una zona de clase media baja aparecía de la noche a la mañana con varias camionetas y aviones, se mudaba a una mansión en una urbanización de clase alta, vestía con lujosos trajes y frecuentaba clubes privados, el partido y el gobierno debían encender las alarmas y actuar en consecuencia. “El que quiera hacer dinero no puede estar ni siquiera en la retaguardia (del gobierno)”, añadió y sus palabras quedaron grabadas por las cámaras del canal del Estado, Venezolana de Televisión, que transmitía el programa Aló Presidente 345.
Desde la primera fila lo escuchaban los principales funcionarios del gobierno de entonces, Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras; Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda; Aristóbulo Istúriz, diputado de la Asamblea Nacional y Cilia Flores, quien lideraba el Parlamento y ya era pareja de Nicolás Maduro, hoy a la cabeza del poder en Venezuela. Chávez se acercaba a la mitad de su tercer periodo presidencial y aunque aún no había signos visibles del cáncer que lo consumió y acabó con su vida tres años más tarde, sí había señales claras de escandalosos casos de corrupción que carcomían las instituciones venezolanas y empujaban al país a un precipicio que no había visto antes.
Once años después de aquel discurso, entre los principales dirigentes del PSUV, exfuncionarios del gobierno revolucionario, amigos contratistas, testaferros y dignatarios extranjeros que negociaron con fondos venezolanos sobran quienes acumulan bienes raíces de lujo valorados en cientos de millones de dólares, fincas gigantescas, jets privados, flotas de vehículos exclusivos, relojes de alta gama y abultadas cuentas en paraísos fiscales. La investigación Chavismo INC. siguió la pista de personas de interés, naturales y jurídicas, dadas las relaciones directas o indirectas que tuvieron con los gobiernos de Chávez y Maduro. En los hallazgos, hay 751 personas de interés con cerca de 3.919 relaciones con cientos de empresas, instituciones y agentes en 61 países.
La información fue obtenida y procesada por Chavismo INC. tras rastrear investigaciones judiciales, parlamentarias y ejecutivas, además de registros públicos empresariales y de inmuebles, relacionados con personas vinculadas al chavismo en 69 países, con los que se construyó una base de datos que muestra una aproximación patrimonial y las relaciones de esas personas. La iniciativa de investigación transnacional de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI) reunió información que da cuenta de la magnitud de las operaciones del chavismo dentro y fuera de su país: los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.
La sistematización de los datos arrojó que 182 venezolanos han sido sancionados por 57 países y que fiscalías y parlamentos de 21 naciones de América y Europa han abierto 86 investigaciones relacionadas con la corrupción en las gestiones de Chávez y Maduro. Solo en 52 de esas causas el patrimonio público venezolano comprometido asciende a 30.087 millones de dólares, una cifra absurdamente elevada para cualquier país salvo para Venezuela, que recibió por venta de petróleo más de un millón de millones de dólares en tan solo una década y pese a eso acumula seis años de una catástrofe económica de niveles nunca vistos en un país latinoamericano, donde la hiperinflación pasó el millón por ciento en 2018. Una crisis económica y política que condujo a una humanitaria: la falta de alimentos, de medicamentos, ahora de combustible y otros bienes, llevó a cinco millones de venezolanos a huir y al país a ser el primero en muertes por desnutrición: 3,7 millones de personas presentaban malnutrición en 2018, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La investigación de Chavismo INC. dejó en evidencia los patrones de la corrupción, cómo se captó, movió y escondió el dinero de los venezolanos: pago de sobornos a funcionarios clave en organismos del Estado a cambio de contratos multimillonarios, como el de un tesorero del país que recibió 1.000 millones de dólares para beneficiar empresas en operaciones de cambio de moneda; la asignación de grandes proyectos a empresas de amigos de gobiernos aliados, como lo registrado en Haití y en Argentina; y la creación de complejos entramados financieros para lavar el dinero resultado de las operaciones ilegales, como el caso de un exviceministro solicitado por la justicia norteamericana.
La mayoría de los casos han sido ventilados ante la justicia de Estados Unidos, país con el que el chavismo tuvo pésimas relaciones diplomáticas, pero que terminó siendo uno de los destinos preferidos por los funcionarios del gobierno para guardar el dinero obtenido de manera ilegal. A la luz del inventario realizado por Chavismo INC., fiscales estadounidenses han abierto 38 investigaciones en las cuales se habría incurrido en un daño patrimonial a Venezuela que ronda los 16.049 millones de dólares, principalmente provenientes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la estatal más importante del país. Por esos casos 44 personas se han declarado culpables.
Dibujando el esquema
El pago de sobornos para la obtención de contratos públicos se vivió en casi todas las dependencias del Estado venezolano durante las gestiones de Chávez y Maduro, pero tuvo especial protagonismo en servicios para el sector petrolero, operaciones financieras, construcción de viviendas e importación de alimentos y medicinas, en medio de una severa escasez que desbordó los casos de desnutrición en el país y las muertes por falta de fármacos.
En Estados Unidos, España, Ecuador, Brasil, México y Colombia se rastrearon oficialmente 25 casos en los que se probó o se investiga el pago de comisiones a funcionarios venezolanos a cambio de conseguir contratos con Petróleos de Venezuela y sus filiales, la Oficina Nacional del Tesoro, el Banco de Desarrollo Económico y Social, la Corporación Eléctrica Nacional, la Electricidad de Caracas y la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios. Las personas señaladas en estas acusaciones e identificadas para esta investigación son 137 entre naturales y jurídicas.
Uno de los casos más representativos de este esquema de corrupción es el del fraude cometido en la Oficina Nacional del Tesoro en Venezuela e investigado por los fiscales del Distrito sur de Florida, Estados Unidos. Como parte de esta causa, Alejandro José Andrade Cedeño, extesorero de Venezuela entre 2007 y 2011 admitió haber recibido 1.000 millones de dólares en sobornos de parte de Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, para beneficiar a sus empresas en operaciones de cambio de moneda que resultaban extremadamente jugosas en medio del férreo control de divisas que regía en el país.
¿Cómo funcionó el mecanismo? La Oficina Nacional del Tesoro debía conseguir los bolívares necesarios para que el gobierno cubriera sus gastos, para eso acudió a las casas de cambio de Gorrín y les vendió bonos en dólares a una tasa de cambio preferencial que se ubicaba muy por debajo de la cotización de las divisas en el mercado real, así las casas de cambio del empresario entregaron pocos bolívares y se quedaron con grandes cantidades de dólares. Por este caso, Andrade Cedeño fue sentenciado a 10 años de cárcel y le confiscaron los 1.000 millones, además de mansiones, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. A Gorrín se le envió un cuestionario escrito para esta serie de trabajos y no lo respondió al cierre de la edición.
El examen de los casos realizado por Chavismo INC. deja en evidencia que el cobro de las coimas no solo sirvió para la asignación de los contratos: también abonó el camino para que empresas fachadas presentaran facturas de bienes adquiridos a precios muy por encima del valor que tenían en el mercado real sin que nadie se quejara y para hacer creer que al país ingresaron bienes que nunca llegaron, según las investigaciones recopiladas.
El pago de sobornos a los efectivos de seguridad y trabajadores de la aduana, encargados de supervisar y controlar la importación de todas las mercancías en Venezuela permitió, por ejemplo, que los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido le cobraran varias veces al Estado venezolano por el arribo de un mismo cargamento de materiales para la construcción, de acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. La acusación sostiene que entre 2011 y 2015 los colombianos les pagaron a trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, de la Comisión Nacional de Administración de Divisas y a guardias nacionales para que tomaran fotografías desde distintos ángulos a un solo embarque con el propósito de simular que eran varios.
Por la importación fraudulenta de los materiales de construcción, Saab y Pulido habrían ganado 350 millones de dólares, según la acusación en Estados Unidos, pero esto es solo una ínfima parte de los negocios que han hecho con el gobierno venezolano. Investigaciones del medio Armando.info afirmaron que la dupla colombiana también obtuvo contratos por miles de millones de dólares en los sectores petrolero, minero, salud y alimentación, específicamente en la importación de cajas de comida de baja calidad para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción – CLAP, el programa bandera de Nicolás Maduro.
Por la acusación de Estados Unidos y la alerta roja de Interpol que emitió ese país, Saab fue detenido el 12 de junio apenas aterrizó en el aeropuerto de Cabo Verde, un archipiélago ubicado en el Atlántico. Su extradición a Estados Unidos fue aprobada. La administración de Nicolás Maduro, que evitó por años referirse a Saab, salió a su defensa y aseguró que es un ciudadano venezolano y además un agente del gobierno, por lo que calificó su detención como ilegal y arbitraria.
La investigación periodística #Petrofraude, publicada en enero de 2019, también mostró que con los fondos venezolanos se privilegiaron negocios del senador dominicano Félix Bautista y de grupos empresariales y familias con nexos con el poder en toda la isla La Española. La ruta del dinero apuntó a la obra social de Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana y al financiamiento de campañas de candidatos presidenciales como Alejandro Toledo, expresidente peruano, quien intentó sin éxito retornar al poder en los comicios de 2011.
Otras investigaciones que evidencian este patrón son las abiertas por la justicia de Argentina. En 2019 se divulgó el informe de la Sindicatura General de la Nación de ese país, que confirmó las irregularidades cometidas en el fideicomiso creado en 2004 por los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Por el acuerdo, Venezuela vendía fuel oil a Argentina y el pago por esos suministros iba a dar al fondo desde donde se pagaba a empresas que proveían bienes y servicios a Caracas. Pero las compañías que resultaron seleccionadas para exportar hicieron triangulaciones, triplicaron el precio de los bienes, falsificaron envíos, cobraron varias veces por flete y transporte, entre otros, de acuerdo con las causas que aún están en trámite. Los dueños de esas empresas han sido vinculados a Kirchner y a Julio De Vido, exministro de planificación en Argentina y quien fungió como una especie de supra embajador en los negocios con Venezuela.
El manantial de dinero que fluyó en esos acuerdos de cooperación en el pleno boom de los precios del petróleo terminó siendo un desafío para los sistemas de controles de esos países y una tentación para los que estaban conectados con quienes tomaban las decisiones. Pese a las evidencias mostradas hasta la fecha, la justicia venezolana no ha informado de ninguna investigación relacionada con el manejo de los recursos en los fondos de los acuerdos de cooperación o del supuesto favoritismo en la asignación de los contratos.
Borrando el rastro
Las personas involucradas en los casos de corrupción con fondos venezolanos identificados para esta investigación intentaron borrar los rastros del dinero, según se desprende del estudio de los procesos abiertos por las fiscalías y parlamentos. Se ha evidenciado la creación de complejos entramados financieros con el propósito de lavar el dinero procedente del pago de sobornos o de las jugosas ganancias que quedaron tras aprovecharse del diferencial cambiario, del cobro de sobreprecios en las importaciones o de la falsificación de envíos.
En la mayoría de los casos inventariados por Chavismo INC. se ha documentado la conexión de los personajes señalados con empresas fachadas en Panamá, Belice, Bahamas, Islas Vírgenes y Malta; con la apertura de cuentas bancarias en Suiza, Andorra, España, Portugal, Puerto Rico, Bulgaria y Estados Unidos; con la compra de instituciones financieras con el propósito de lavar dinero en República Dominicana, Guatemala y Liechtenstein; y con la adquisición de lujosos inmuebles distribuidos en ciudades como Madrid y Miami.
Un caso paradigmático es el de Nervis Villalobos, viceministro de Energía y Minas de Venezuela entre 2003 y 2006, quien tiene relación con otras 61 personas naturales y jurídicas en la base de datos construida para Chavismo INC. El exfuncionario es buscado desde 2017 por la justicia de Estados Unidos que lo acusa de participar en un esquema de lavado de dinero proveniente del pago de sobornos para facilitar la adjudicación de contratos para empresas del sector petrolero y eléctrico. Este proceso salió a relucir nuevamente el 26 de marzo de este año cuando el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr presentó cargos por narcotráfico y corrupción contra 14 integrantes del gobierno revolucionario y ofreció 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro.
Villalobos está siendo investigado por la justicia de Estados Unidos, Portugal, Andorra y España señalado en casos de lavado de dinero proveniente de comisiones para la adjudicación de contratos con Pdvsa y la Electricidad de Caracas, entre otras cosas. Solo las averiguaciones adelantadas por la fiscalía española dan cuenta que el exfuncionario lavó más de 50 millones de euros a través de un entramado de empresas de Edimburgo, Chipre e Irlanda del Norte y adquirió una urbanización de lujo con más de 40 villas en Marbella. En una entrevista ofrecida en marzo al diario El Mundo de España, Villalobos se declaró inocente de todas las “barbaridades” de las que lo acusan.
En las causas abiertas contra Villalobos, así como en los demás procesos judiciales rastreados por Chavismo INC. se repitió la presencia de banqueros y operadores financieros considerados como profesionales en el lavado de dinero, quienes fueron contratados para ayudar a borrar el verdadero origen de los fondos venezolanos sustraídos de manera irregular.
Un ejemplo es el de Matthias Krull, un alemán residente en Panamá, exdirector gerente y vicepresidente del banco suizo Julius Baer, quien en octubre de 2018 fue sentenciado a 10 años de cárcel luego de declararse culpable de participar en una conspiración para lavar 1.200 millones de dólares de fondos malversados de Pdvsa. El caso denominado Money Flight es uno de los más grandes investigados por la justicia de Estados Unidos en el que también están involucradas 21 personas más, exfuncionarios de la estatal, empresarios de maletín y lavadores de dinero profesionales. Entre los señalados en la investigación 9 han sido identificados oficialmente y acumulan 99 interacciones en la base de datos realizada por Chavismo INC.
Para lavar el dinero por este caso, de acuerdo con la información oficial, se utilizaron sofisticados esquemas de inversión falsa como pagarés y bonos diseñados para incumplir o hacer default principalmente al sur de Florida y las Islas Caimán. Se crearon empresas de maletín para transferir los fondos y se adquirieron lujosas propiedades. En medio de esta trama aparece, por ejemplo, el apartamento 2205 de la Torre Porsche Design de cerca de 300 metros cuadrados y un precio de 5,3 millones de dólares. El inmueble confiscado estaba a nombre de la empresa Paladium Real Estate Group LLC, cuya directora es Carolina Croquer de González, familiar de José Vicente Amparan Croquer, identificado como uno de los lavadores de dinero de esta red.
Otro de los profesionales a los que se recurrió para lavar dinero producto de la corrupción venezolana es Bruce Bagley, estadounidense, profesor universitario, autor de libros sobre blanqueo de capitales y entrevistado frecuente en medios de comunicación. El 1 de junio de este año el hombre se declaró culpable ante un juez de distrito en Estados Unidos de dos cargos de lavado de dinero. Aceptó haber utilizado cuentas bancarias propias y de una compañía que creó en Florida para lavar más de 2 millones de dólares en ganancias de un esquema de soborno. Apenas una fracción de un desfalco facilitado por la gran corrupción venezolana.