Someterán recurso contra ley de alianzas pública-privadas por comprometer recurso del agua
El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) considera que la Ley 47-20 compromete el recurso del agua entre los servicios considerados para la inversión en la llamada alianzas ública-´privadas, razón por la cual anunció someterá un recurso de inconstitucionalidad contra esa norma.
Onpeco dice que así está contemplado en la referida ley, lo cual, junto al proyecto de Ley de Agua aprobado el 9 de junio en el Senado recién pasado y que está en discusión en la actual Cámara de Diputados, está contemplada la concesión del preciado líquido, “lo que hace evidente la intención de enajenar el bien”.
La ley 47-20 fue promulgada por el presidente Danilo Medina el 20 de febrero del presente año.
En una comunicación de prensa Onpeco indica que en el contexto jurídico, el vocablo concesión representa la puerta abierta para las negociaciones en el mercado y tendencias a privatizar los recursos públicos, garantizando mayores beneficios a particulares, en perjuicio de la población en general.
Agrega que la Constitución de la República es clara con relación al recurso y el bien público que representa el agua.
Onpeco recuerda, también, la resolución 64/292 de la ONU que declara el agua como un derecho humano garante de otros derechos, y no como un bien económico por lo que la privatización del recurso lo convierte en una mercancía más dentro del sistema de mercados.
Recuerda la entidad que hoy día el agua dulce tiene más valor que el oro y las piedras preciosas porque escasea en el planeta y porque es esencial para la vida y todas las actividades humanas, además de ser un recurso finito.
Onpeco dice que en Chile– hace 40 años se privatizó el agua y es el único país de la región Latinoamericana que carece de Agua.
La entidad precisa que no está en desacuerdo con el conjunto de disposiciones de la Ley 47-20, pero sí con que debe eliminarse el servicio de agua dentro de los pactos en las alianzas públicas y privadas, de la misma manera que el numeral 5 del artículo 2 de la referida disposición legal, que “prácticamente elimina la función de los ayuntamientos o Gobiernos locales como los intermediarios y el poder más cercano a las comunidades”.
Para Onpeco, tampoco el agua debe ser regalada, pero el Estado está obligado, conforme a la Constitución, a garantizar la protección de los ciudadanos, la cual comienza con un buen servicio de agua que es equivalente a un mejor servicio de salud, función que no debe delegar o entregar a sectores que solo buscan el lucro, como son la mayoría de las inversiones privadas.