Sobrecostos, lavado y defraudación sin justicia
Por Transparencia Venezuela y CONNECTAS
El empresario argentino Juan José Levy nunca imaginó que el chavismo le cambiaría la vida. Tenía una droguería, una pequeña empresa que fabricaba medicamentos en Buenos Aires, hasta que sus vinculaciones políticas dentro del gobierno de Cristina Fernández le acercaron un negocio: venderle al Estado venezolano. Desde ese momento, su vida y, sobre todo, sus cuentas bancarias darían un giro impensado.
Levy había declarado ante las autoridades fiscales un patrimonio de un millón de pesos argentinos, cerca de 250 mil dólares, allá por 2011. Después de haber operado como un actor principal dentro del fideicomiso bilateral entre la Argentina y Venezuela, el empresario tocó las puertas de las autoridades tributarias argentinas en 2016 para ingresar en el blanqueo de capitales con 1400 millones de pesos argentinos —unos 93 millones de dólares de la época— en sus cuentas bancarias, según información de autoridades argentinas.
¿Qué pasó en esos cinco años? A través de múltiples empresas como Laboratorios Elea, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo, entre otras, Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares con Venezuela, para venderle desde medicamentos, pasando por decodificadores de TV y hasta suavizantes para la ropa, siempre según la información que consta en distintos expedientes judiciales que fueron recopilados para Chavismo INC.
Desde el otro lado, el venezolano, algunas empresas públicas como Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Suministros Venezolanos Industriales (Suvinca) recibían a Levy —y a otros empresarios— para aceptar pagos triangulados vía China, con escala en sociedades offshore del Caribe para terminar en cuentas bancarias secretas. Esos productos, sin embargo, salían desde un destino mucho más convencional: Buenos Aires.
El fideicomiso bilateral finalizó cuando el kirchnerismo dejó el poder en Argentina, en 2016, pero las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos. Los vericuetos legales en los tribunales argentinos y, sobre todo, la falta de colaboración de las autoridades venezolanas dejó el caso Levy al borde de su archivo, a pesar de que al juez argentino Marcelo Aguinsky no le alcanza una habitación completa para guardar toda la documentación sobre las irregularidades en las operaciones del empresario.
Mientras el caso Levy camina por la cornisa, la Justicia abrió otras 10 investigaciones para determinar si una decena de empresas que vendieron desde leche en polvo y legumbres hasta productos tecnológicos le cobraron a Venezuela sobreprecios por 235 millones de dólares, tal como informó la Sindicatura General (Sigen) en una auditoría que ya está en manos de la Justicia.
Lavado de dinero, soborno transnacional y contrabando son algunas de las figuras que explora la Justicia argentina para darle forma a las pruebas. La hipótesis judicial es clara: hubo una defraudación al Estado venezolano de la que se benefició un grupo de empresarios cercano a los Kirchner y, consecuentemente, los funcionarios argentinos que hicieron posible esos negocios. Sin embargo, los funcionarios de ambos países por ahora no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente.
El caso Levy está ahora cerca de su archivo. Después de tres años de esperar que llegue una respuesta de los funcionarios venezolanos como parte de la colaboración oficial para que avance el expediente, el juez Aguinsky habilitó una última opción: le pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga para que Caracas responda alguna de las solicitudes de información necesaria para continuar con la investigación. Lleva tres meses sin respuesta.
“Se ha solicitado a la Cancillería en retiradas oportunidades que se informe sobre el pedido internacional dirigido a la República Bolivariana de Venezuela que fue recibida por aquel país el día 8 de mayo de 2018, sin contestación alguna hasta el presente”, comienza la nota firmada por Aguinsky que tiene como destinatarios la Corte Suprema de Justicia y el presidente Fernández.
“Tenga a bien requerirle por su intermedio y de manera excepcional al gobierno de Venezuela que se expida sobre el exhorto referido a las operaciones comerciales de particulares argentinos y empresas estatales venezolanas sobre las que pesan sospechas de delitos de lavado de activos, cohecho y soborno transnacional”, culmina el juez. Y después enumeró los reiterados pedidos realizados a los venezolanos para obtener respuesta —sin éxito— sobre el exhorto judicial. Los exhortos internacionales no son la vía más eficaz de colaboración por sus largos tiempos, que casi siempre superan el año de demora, pero difícilmente lleguen hasta los tres años, como ocurrió en este caso.
No es el primer expediente judicial vinculado al chavismo con dificultades en los tribunales de Buenos Aires, casi todos involucran directa o indirectamente al exministro argentino Julio De Vido, que negó ante la Justicia el cobro de sobornos por estas operaciones. Otro ejemplo: la empresa local Bioart S.A. le vendió arroz por 23 millones de dólares a Venezuela —a través de un acuerdo binacional—, a un precio que duplicaría el valor de mercado. Fuentes judiciales en Buenos Aires sospechan que detrás de esta operación está el exministro del Poder Popular para la Alimentación venezolano, Félix Osorio, quien se desempeñaba como mayor general del Ejército y ahora es viceministro de Educación.
Hay varios indicios de por medio: Juan Manuel De Vido, el hijo del ministro, tenía un permiso oficial que lo autorizaba a manejar un auto a nombre de la empresa Bioart aunque no figuraba como empleado de la compañía en la nómina oficial. En esa misma línea, los hermanos Vignati, dueños de la empresa, se fotografiaron en una reunión privada en Argentina con María Gabriela Chávez, la hija del líder bolivariano. Como ocurrió en el caso del fideicomiso binacional, la Justicia espera desde hace tres años que Venezuela responda el pedido de colaboración para continuar con el caso.
La maleta de Guido Antonini Wilson, otro caso emblemático, también sufrió complicaciones. Se sospecha que esos 800 mil dólares que el venezolano intentó ingresar en 2007 de manera ilegal a la Argentina eran para financiar la elección presidencial de Cristina Fernández. El caso estuvo a punto de prescribir en 2018, pero finalmente se reactivó casi de casualidad y ahora, 13 años después de aquel hallazgo, se prepara el juicio oral en Buenos Aires, que involucra a exfuncionarios kirchneristas que volaron junto al venezolano en un avión privado.
Argentina no es el único país donde las causas avanzan con dificultades. Chavismo INC. identificó 86 investigaciones por corrupción con fondos venezolanos en 21 países del mundo. Fuera de Estados Unidos, donde hay 38 causas en distintas cortes de distrito, las investigaciones se reparten en Colombia, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Ecuador, entre otros. En ninguna de ellas hay funcionarios de gobierno imputados o condenados, por más que los casos hayan sido tan resonantes y han involucrado más de 30.000 millones de dólares, según las estimaciones de esta investigación. Amistad, afinidad, y también la dificultad de investigar delitos de blanqueo sin colaboración demoraron el avance.
A pesar de las gestiones iniciadas por el juez Aguinsky ante el más alto nivel de la política y la Justicia argentina para resolver el caso Levy, en los tribunales tampoco son optimistas sobre buenas noticias por llegar. El pesar de la Justicia sobre el futuro del caso se acentuó en los últimos meses.
Durante un encuentro virtual abierto, el presidente Alberto Fernández le dijo al exmandatario “Lula” da Silva que “extrañaba” a Hugo Chávez. La “amistad” con el líder bolivariano es de larga data: el actual presidente argentino era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner cuando este último organizó la contra-cumbre del ALCA en Mar del Plata, en 2005. Mientras George Bush negociaba su tratado de libre comercio para la región, ellos dos se subían al escenario junto a “Lula” y Evo Morales para oficializar el lanzamiento del ALBA y darle más visibilidad al Socialismo del Siglo XXI.
Quizás por esa herencia ideológica, la Argentina fue uno de los pocos países que se abstuvo de condenar este año los abusos del gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de los Estados Americanos. Otra muestra de los buenos lazos que todavía mantiene el kirchnerismo con el régimen venezolano, a pesar de que el tema despierta diferencias dentro de la alianza oficialista.
La falta de colaboración desde Venezuela en el caso Levy enterró la hipótesis de que existió un soborno transnacional impulsado por empresarios argentinos para que los funcionarios chavistas defraudaran a Venezuela. Y debilitó la posibilidad de probar un lavado de dinero al no poder establecer el delito precedente, una condición necesaria para los jueces de la Cámara de Casación —el máximo tribunal penal— que ya advirtieron sobre la inviabilidad al revisar el caso bajo esa figura, tal como lo establecen las leyes locales.
Un funcionario judicial de renombre sugirió que la única acusación que probablemente pueda probársele a Levy bajo el Código Penal argentino es el contrabando. “Como pasó con Al Capone”, resumió. ¿A qué se refiere? A una acusación que —sostiene— es más fácil y quizás la única posible de probar. Una condena más accesible en base a las pruebas locales —si persiste el silencio venezolano— pero que le permitiría al empresario evitar la cárcel por su baja pena.
El exjuez Rafael Sal Lari, abogado de Levy, asegura, en cambio, que los contratos firmados por su cliente fueron “legítimos y legales”, y sostiene que los vaivenes de la causa penal son consecuencia de una “sesgada investigación de los fiscales, que le dieron una matriz política a los hechos”.
El fideicomiso que movió en total unos 2000 millones de dólares entre 2012 y 2016 era una especie de mecanismo de compensación de Argentina por las facilidades que le entregaba la petrolera estatal Pdvsa cuando el país no podía buscar financiamiento en los mercados internacionales. Para equilibrar la balanza, Argentina canalizó la exportación de algunos productos que necesitaba Venezuela, como lácteos o pollos congelados, y, además, el kirchnerismo les abrió la puerta a empresarios locales para hacer negocios con Caracas.
La puesta en marcha y el funcionamiento de este fideicomiso fue obra, sobre todo, del funcionario argentino José María Olazagasti, mano derecha del exministro Julio De Vido, y hombre fuerte de la “embajada paralela” en Venezuela. Así bautizaron los medios de comunicación a la fuente de negocios que entabló este ministro argentino con el chavismo, que funcionaba como una relación más influyente que las formalidades diplomáticas, porque llegaba directo a los Kirchner, de un lado, y a Chávez, del otro.
En Venezuela era Víctor Aular, entonces vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal Pdvsa, quien revisaba el intercambio, informaron fuentes de la investigación. Aular conocía de compensaciones y intercambios con el petróleo venezolano ya que fue también el funcionario que firmaba las conciliaciones por los procesos de pago de los préstamos petroleros que se otorgaban a países del Caribe. Esos préstamos iban atados —en muchos casos— a otros negocios y guiños diplomáticos, tal como reveló la investigación periodística Petrofraude, publicada por CONNECTAS en 2019, con una alianza de medios latinoamericanos.
El caso del empresario Levy es el ejemplo más claro de cómo, en la práctica, funcionaba el fideicomiso binacional. Sus empresas habían firmado contratos con sobreprecios de hasta el 300 por ciento con el gobierno chavista para venderle productos que no fabricaba. Laboratorios Esme S.A. vendía suavizante para la ropa en la Argentina por dos dólares, pero al Estado venezolano el precio subía hasta los ocho dólares.
Sobran ejemplos y comparaciones acerca de los sobreprecios en el expediente judicial. Laboratorio Esme exportaba un litro de shampoo para cabello a Chile por 0,67 dólares, mientras que el precio facturado a Suvinca, por el mismo producto, era de 1,87 dólares. Esta dependencia pública venezolana, además, pagó más caro productos a Argentina que otros que había comprado en su mercado interno, como la adquisición de pañales para adultos.
Había más ventajas: Venezuela pagaba por adelantado el 60 por ciento de los contratos. El esquema, con mínimas diferencias, se repitió en otros productos hasta que Levy sumó una facturación de 550 millones de dólares por ventas a Venezuela.
“Es falso que se haya vendido mercadería a precios por encima del mercado. Los precios de los productos son relativos y se ajustan a cada mercado, los ofrecidos a Venezuela y aceptados por ellos se ajustan a la coyuntura comercial propia de aquel país”, argumentó Sal Lari, abogado de Levy. Y agregó: “Venezuela era un comerciante absolutamente riesgoso en un contexto político idéntico”.
El nivel de vida del empresario crecía a medida que los contratos con Venezuela se acumulaban. Se mudó a un barrio cerrado exclusivo, envió a sus hijos a los mejores colegios de Buenos Aires, adquirió propiedades en Miami, compró autos de lujos, amplió su planta de producción y también invirtió en una radio en Buenos Aires.
“Levy no tiene relación con Olazagasti [la mano derecha del exministro De Vido], más allá de algún eventual conocimiento social o por haber coincidido aleatoriamente en un mismo vuelo a Venezuela como pasajeros, pero sin que ese viaje haya sido programado con su compañía”, lo defendió su abogado. El viaje casual que mencionó su abogado ocurrió el 23 de marzo de 2012. Provenientes de Caracas, el empresario Levy pasó por Migraciones de Argentina a las 23:49:13 y Olazagasti, entonces funcionario clave de “embajada paralela”, registró su pasaporte exactamente dos segundos antes, según la información judicial.
Levy tejió para las operaciones del fideicomiso una red de sociedades en paraísos fiscales como Panamá y las islas Vírgenes Británicas —siempre según consta en el expediente— que encapsularon cuentas bancarias y propiedades en el exterior. Hasta creó una firma en China cuya misión era comprar mercadería a un proveedor de ese país al costo de mercado para después inflar el precio y vender desde su empresa china la mercadería a otra empresa suya, pero con un valor más alto. Así intentó eludir las acusaciones por sobreprecios, según consta en el expediente judicial, que para su sorpresa detectaron cuando Levy blanqueó su patrimonio ante las autoridades tributarias argentinas.
A pesar de los vaivenes y de su frágil situación en los tribunales argentinos, el caso Levy abrió la puerta sobre otras irregularidades dentro del fideicomiso bilateral: fueron decenas las empresas que le vendieron a Venezuela con precios por encima del valor de mercado.
El informe de la Sindicatura General, realizado a pedido del fiscal Pablo Turano, determinó que unas 15 compañías argentinas sumaron un sobreprecio total de 235 millones de dólares en los productos facturados a Venezuela. El organismo de control llegó a esa conclusión después de comparar las facturas que pagó Venezuela con precios testigo de los mismos productos que se vendían en la Argentina con algunas variables como el valor del flete para enviar los productos.
El informe oficial disparó la apertura de 15 causas judiciales, cada una destinada a analizar los sobreprecios facturados por las empresas argentinas. En las primeras medidas de prueba antes de la feria judicial dictada por el coronavirus, el fiscal Germán Bincaz impulsó diez de esas investigaciones y cerró otras cinco denuncias, informaron fuentes judiciales.
El fiscal ya pidió medidas de prueba sobre las operaciones de las empresas Soychú, Cresta Roja, Tres Arroyos y Rasic Hermanos por la venta de pollos congelados que, en total, suman sobreprecios por 42 millones de dólares, según el informe de Sigen.
La empresa láctea SanCor cobró la leche en polvo un 23 por ciento más caro sobre sus valores habituales de mercado, lo que implicó sobreprecios por 95 millones de dólares, calculó el organismo de control. Desde la empresa argumentaron que la relación comercial con Venezuela no era segura y que, ante la posibilidad de que ese país no le pagara la totalidad de los productos, los precios eran más altos.
Otros argumentos que los empresarios esgrimieron ante la consulta periodística era la dificultad de la logística y los altos precios que tenían que pagar por el traslado de la mercadería. Pero, sobre todo, siempre aparecía el miedo de la falta de pago de Venezuela, a pesar de que gran parte de la mercadería era abonada por adelantado.
Las nuevas investigaciones judiciales en curso incluyen también a otra empresa de alimentos como Paramérica S.A. y de otros rubros como Unitek e Invap, informaron desde los tribunales. Este último caso es el más trágico: la empresa argentina le vendió equipos de radiación para enfermos de cáncer, pero ante la falta de pagos desde Venezuela, Invap discontinuó en su momento el mantenimiento —previsto por contrato— de esos equipos, lo que motivó que cientos de personas con cáncer vieran afectados sus tratamientos. En su momento, autoridades venezolanas admitieron los problemas de preservación de los aparatos.
La Justicia ya requirió información a la autoridad fiscal argentina sobre las distintas operaciones, también a la Aduana y a otras entidades públicas para revisar las ventas de estas compañías durante y después de haber participado en el fideicomiso binacional. No esperan novedades hasta cerca de fin de año, por el trabajo remoto que impone la crisis sanitaria.
Los investigadores, sin embargo, son poco optimistas. En primer lugar, porque la Cámara de Apelaciones dispuso que se cursen 10 expedientes por separado, en lugar de interpretar que se trató de una misma maniobra y, en consecuencia, una sola investigación. “Eso habría hecho que la causa tuviera otro peso”, reconoció uno de los magistrados, que prefirió no revelar su nombre mientras las causas estén en curso.
Hay más atenuantes: los cachetazos que sufrió el caso Levy, la “causa madre” de todos estos incipientes expedientes, marcan un precedente negativo, señalan en tribunales. Y más: si el delito está fundado en sobreprecios, es una de las irregularidades que más ha costado probar ante las cortes argentinas durante los últimos años. Por último, hay que sumarle la falta de colaboración desde Venezuela, que las autoridades locales ya descartan. Un combo difícil de revertir.
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