Pacto eléctrico y fiscal: esenciales para sostenibilidad de las finanzas públicas
“La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo exige un pacto eléctrico y fiscal que debieron hacerse hace siete años. Es urgente y necesario, ante la situación actual, cumplir con esa ley y comenzar a discutirlos ahora. Convoco al Consejo Económico y Social (CES) para que inicie la discusión a partir del 26 de octubre”.
Fueron las palabras con las cuales el presidente Luis Abinader, durante su discurso del pasado jueves, daba el “pitazo” para reiniciar las discusiones sobre la reforma al sector eléctrico y comenzar la fiscal, pactos que la sociedad y autoridades debieron haber logrado un año después de haber sido promulgada la ley, en enero de 2012.
La firma del pacto eléctrico, convocada en una primera ocasión en febrero de 2019, fue suspendida en dos ocasiones, recibiendo ataques, principalmente, del hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), que se negó a suscribirlo, acusando al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), jefe del Ejecutivo en ese momento, de irrespetar la Ley de Electricidad.
Hasta la alocución de Abinader, poco se había dicho o hecho acerca del pacto eléctrico, desde que la firma fuera suspendida sin fecha establecida.
“En un plazo no mayor de seis meses, después de discutidos y consensuados (ambos pactos), sean convertidos en reformas aplicadas en el año 2022. Son pactos esenciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, continuó el jefe de Estado en su alocución al país.
Para este año, el Gobierno proyectó en RD$24,102 millones en pago del subsidio eléctrico, recursos provenientes de endeudamiento. En tanto, para 2019, por el mismo concepto, el monto estimado fue de RD$28,720.8 millones.
En su artículo 36, la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 estable la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Aunque el mandatario dio un plazo de seis meses para que se concreten ambos acuerdos, el economista Antonio Ciriaco consideró que el plazo, probablemente, no bastaría.
“Yo pienso que el pacto fiscal se alcanzaría a finales del año próximo, si se comienza en octubre, por la complejidad, discusiones, no es fácil ponerse de acuerdo. Habrá sectores que se verán perjudicados otros básicamente serán protegidos, como los de más bajos ingresos”, declaró Ciriaco.
Sin embargo, entiende que es importante que se convoque al CES para que se vaya discutiendo y alineando los elementos que deben ser puntos mínimos de consenso.
Un pacto fiscal implicaría la reducción de la evasión, consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, entre otros aspectos.
El también vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) indicó que lo importante es que el sistema tributario, una vez concluya el pacto fiscal, sea menos regresivo que el actual.
“No es posible que un sistema tributario tenga una carga tan desigual, donde el 70 % de los ingresos que recibe el Estado sean indirectos y el 30 % directos. Hay que equilibrar la carga. Lo que estamos penalizando con el sistema actual es a lo más pobres”, señaló.
El catedrático precisó que en se debe revisar toda las tasas impositivas y también los gastos tributarios.
“Debe haber tasas no tan altas para evitar así los problemas de evasión fiscal, elusión y la informalidad tributaria, elementos que se deben atacar comenzando a sincerizar muchas tasas, el ITBIS, por ejemplo, que puede aguantar tasas menores”, agregó.