La deuda pública dominicana amenaza el crecimiento futuro
El Banco Central de la República Dominicana informa que hasta el mes de junio del 2020, la deuda pública consolidada de República Dominicana asciende al 57.57% del PIB, de la cual el 32.2% corresponde a deuda externa y el 25.3% a la interna.
Sobre el verdadero monto de la deuda pública dominicana siempre existen dudas, por falta de rigor en la implementación de una transparente y unificada metodología en su cálculo cuyas razones pueden ser atribuidas a las inconsistencias a la que lleva el realismo político.
Pero sobre lo que no caben las dudas es que el verdadero monto de la deuda pública deberá ser pagada por un solo actor de la sociedad dominicana: los contribuyentes, ciudadanos que pagan los impuestos y que deben ser sujetos de las políticas y proyectos públicos, como son la seguridad, la educación, la salud o las infraestructuras.
La Dirección General de Crédito Público (DGCP), adscrita al Ministerio de Hacienda, estima la deuda del sector público no financiero (SPNF) hasta agosto en US$39,207.7 millones. Y la consolidada —que reúne los compromisos del SPNF y del sector público financiero— suma los US$46,685.1 millones (57.57% del PIB), lo que incluye las emisiones de sus certificados.
En el caso del Gobierno Central, la deuda pública ha venido creciendo como resultado de las decisiones de administraciones anteriores de recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir los déficits fiscales que año tras año se han ido acumulando. Esto, sin políticas de racionalización del gasto público y creando nuevas deudas para cubrir gastos ejecutados que no estaban programados en los presupuestos públicos, pero que al finalizar cada año eran formalizadas por el Congreso con la aprobación a posteriori de los denominados presupuestos complementarios.
En el caso de la deuda del Banco Central, esta se origina por las emisiones de certificados, denominados como valores en circulación, originados por los salvamentos bancarios del pasado.
En marzo del presente año se introdujo al Congreso un proyecto de ley para la creación de un fideicomiso para la recapitalización del Banco Central, que emitiría instrumentos de ofertas públicas durante un periodo de 20 años y hasta un monto de RD$648.64 mil millones, hasta que esas obligaciones puedan ser absorbidas directamente por el Ministerio de Hacienda.
El presente, sin embargo, está marcado desde marzo, cuando el país fue impactado por la pandemia del Covid-19, lo que llevó al cierre de importantes sectores económicos como el turismo y las zonas francas, además de la parálisis de la producción interna. Asimismo, las suspensiones de trabajadores y despidos masivos y acumulaciones de déficits fiscales que se convierten en nuevas deudas.
En su informe sobre la economía correspondiente al segundo trimestre de 2020, el Banco Central informó de una caída de 8.5% en el PIB, que antes de eso mantenía una racha, año tras año, de crecimiento de más de 5%.
En el sector de hoteles, bares y restaurantes, la caída fue de 42.5%. La manufacturera local y el comercio cayeron 11.8% y 3.1%, respectivamente. El transporte y la construcción se redujeron en 10.8% y 19.5%, respectivamente.
Pero un sector fue altamente beneficiado. Se trata de la intermediación financiera (los bancos), que creció un 14.6%, casi tres veces lo que registró durante el primer semestre del 2019, cuando ese crecimiento se estimó un 5.5%. Se trata del sector que se ha beneficiado con las emisiones de certificados del Banco Central, desde sus inicios.
Esa parálisis de la actividad económica y de los sectores externos generadores de divisas, provocó la caída de las recaudaciones de impuestos en el momento en que se necesitaba incrementar el gasto público para combatir, desde el ámbito de la salud, los efectos de la pandemia del Covid-19 y de sus efectos de parálisis de la actividad económica.
Esto llevó a que entre enero y agosto el déficit fiscal acumulado alcanzara el monto de RD$176,137.2 millones, como resultado de la caída de los ingresos tributarios y el incremento del gasto, según las estimaciones del economista Nelson Suarez, experto en temas presupuestarios.
“La magnitud de déficit señalado, equivalente a un 3.6% del PIB tomado como base para la formulación del Presupuesto General del Estado 2020 (PGE-2020) y a un 3.9% del PIB revisado al 31 de agosto por el Ministerio de Economía”, explica.
Y agrega que esa cifra “representa hasta el momento el más elevado que registra la historia presupuestaria del país para un periodo de ocho meses”.
La aparente buena noticia es que, según el Banco Central, en agosto la caída de la economía solo fue de 7.2%, lo que refleja una ralentización de 1.2 puntos porcentuales en la velocidad de la caída, con relación a la registrada durante el primer semestre, de 8.5%.
“Hay que decir que efectivamente la economía ha comenzado lentamente a marchar, y ese es un indicador de que obviamente hay algún paso hacia esa recuperación”, opina el economista Apolinar Veloz, ex gerente del Banco Central y consultor del Fondo Monetario Internacional.
Pero destaca que “todavía quedan una serie de problemas muy importantes que puede restar dinamismo a la economía y que es preciso tener en consideración”.
Y en ese sentido destaca: “Tenemos el problema de la deuda, que se ha incrementado de manera importante, durante este periodo”. Y aclara: “No porque haya sido una política deliberada del Gobierno (en referencia a la actual administración del Estado, desde el 16 de agosto pasado). Ha sido una imposición de las circunstancias”.
Pero pronostica “que el repago de esa deuda significará restar recursos que podrían eventualmente utilizarse para dinamizar la economía”. Además de que el pago del servicio de la deuda será bastante alto durante los próximos cuatro años.”
Estas circunstancias, acompañadas de los efectos de la pandemia del Covid-19, son el resultado directo de una política persistente de endeudamiento para cubrir una política igual de persistente de déficits fiscales desde el 2012.
Frente a la parálisis de la economía y la consecuente caída de los ingresos fiscales, la nueva administración del Estado optó por emitir bonos soberanos que logró colocar en los mercados internacionales de capitales por 3,800 millones de dólares, el monto más alto emitido en una sola operación en la historia del país.
La operación, realizada el 17 de septiembre, se hizo en tres tramos, dos de ellos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, informó el Ministerio de Hacienda. El primer bono, por un monto de 1,800 millones de dólares, fue emitido a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875% anual.
Mientras que el segundo, por un monto de 1,700 millones de dólares, tiene como un vencimiento el año 2060, y un rendimiento de 6.25% anual. Y la tercera emisión, en pesos dominicanos, pero equivalente a 300 millones de dólares (RD$ 17,500 millones), vence en el año 2026, y tiene un rendimiento de 10 %.
El volumen de la operación y las tasas a las que se colocaron incrementarán la presión en las finanzas públicas, creando un mayor déficit fiscal, en un país que los acumula año tras año desde el 2012. Esto, a menos de que el Gobierno logre incrementar los impuestos y profundice en la racionalización del gasto público.
Pues en una sola operación la deuda del sector público no financiero pasó de un 49.8% del PIB, a un 54.6% del PIB. Si esa nueva deuda se le suma al monto consolidado que para junio divulgó el Banco Central, el monto de lo que oficialmente debe el país asciende a US$50,485.1 millones o más.
Normalmente, para medir la deuda se divide por el PIB. Pero viéndolo de otra manera: durante 2019 al país ingresaron divisas por un monto de US$30,664 millones, lo que reflejó un crecimiento de 4.9% con relación a lo ingresado en 2018.
Comparado con ese monto de divisas, en el presente la deuda representa el 164.6% del ingreso de la moneda extranjera en la economía dominicana durante ese año. Pero comparado con el presente año, como resultado de la caída del sector externo por causa de la pandemia, esta ratio será mayor.
En mayo pasado, la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings revisó desde estable a negativa la perspectiva de la República Dominicana, al identificarle, como emisor riesgos de incumplimiento en divisas a largo plazo, al bajarla a “BB-”.
Para eso, consideró el impacto de la pandemia del coronavirus en República Dominicana, lo que condujo a una fuerte caída de la actividad económica, y que ejerció presiones sobre su capacidad de pago, “dada su dependencia del turismo y las remesas”.