Citarán a dos ministros y un senador en proceso contra firma del Pacto Eléctrico


El conocimiento de la audiencia sobre el amparo que sometió el sector social contra la firma del Pacto Eléctrico fue aplazada para el próximo miércoles, con el propósito de incluir en el proceso a dos ministros y a un senador de la República.

La posposición fue solicitada por el abogado del sector social, Trajano Vidal Potentini, quien explicó que realizó la solicitud a los fines de regularizar el encauzamiento en calidad de intervinientes forzosos del ministro de la Presidencia y el de Energía y Minas, Lisandro Macarrulla y Antonio Almonte, respectivamente, así como del senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras.

“Se va a regularizar para encausar y dar certidumbre legal a lo que es su participación (de los funcionarios) en este proceso, para que no estén marginados ni queden como terceros en un tema que evidentemente les va a tocar”, indicó Vidal Potentini.

En tanto, indicó que en el caso del legislador su citación obedece al protagonismo que tuvo en el proceso de discusión del acuerdo para la reforma del sector eléctrico cuando representaba a un gremio empresarial.

Las organizaciones sociales ante el Consejo Económico y Social (CES) se negaron a suscribir el Pacto Eléctrico, señalando que su firma violó el debido proceso de ley y administrativo, acudiendo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para depositar una acción de amparo contra ese organismo.

Luego de la celebración de la primera audiencia, el jurista declaró que lo que buscan con el amparo es que se respete y reencauce la institucionalidad con la conclusión del Pacto y su posterior firma, “pero en función de la buena administración y el debido proceso administrativo”.

La audiencia se conoce en el salón número tres del edificio de las Cortes del Distrito Nacional. En el proceso, además del CES, está citada la Procuraduría General de la República.

El Pacto Eléctrico fue rubricado el pasado 25 de febrero en el Palacio Nacional con la firma de los actores del Gobierno y del sector empresarial, pero con la ausencia del sector social.



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