Presidente de la Asociación de Concejos Municipales del Gran Santo Domingo (MGSD) y Alcalde de Los Alcarisos, Júnior Santosy el director ejecutivo de la entidad, Valdís Taveras, Ayer expresaron su apoyo a la reforma de la Ley No. 225-20 de República Dominicana, “Gestión y Tratamiento Integrado de Residuos Sólidos”, y solicitarán a la Cámara de Representantes abordar y aprobar con urgencia el proyecto de ley.
Tras los cambios, la ley establece que el fideicomiso transferirá 30 pesos mensuales por habitante al ayuntamiento y distritos municipales, lo que incrementará en 3.873 millones de pesos sus ingresos proyectados para 2025.
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Consideran que las modificaciones a la mencionada ley aprobadas por el Senado de la República constituyen la base para la sostenibilidad integral de los servicios de aseo urbano en las dos etapas básicas de recolección, coprocesamiento y disposición final de los residuos sólidos, lo que también es un compromiso. Sociedad Dominicana por el presidente Luis Abinader.
Señalaron que los cambios en la ley fortalecieron el Fondo Fiduciario de Residuos Sólidos, estipulando específicamente los límites y responsabilidades de los actores que prestan los servicios de saneamiento urbano, así como la sostenibilidad ambiental y la salud pública afectada por la prestación efectiva de dichos servicios.
En el futuro, el ayuntamiento y los distritos municipales tendrán responsabilidades claras, Ministerio de Medio Ambiente, Santos y Taveras señalaron a los proveedores de servicios contratados por entidades públicas, los grandes productores privados de energía, los ciudadanos que solicitan y reciben servicios y los fideicomisos responsables de pagar la ejecución de esta importante obra pública.
Con esta nueva herramienta, las empresas nacionales e internacionales que quieran invertir en operaciones de coprocesamiento y se nieguen a utilizar materiales reciclables como materia prima para la industria local y las exportaciones tendrán protección legal durante el plazo de 10 años previsto en la ley para el servicio. contratos, esto significa que los cambios en los partidos y el personal en la administración pública no crearán incertidumbre.
Citaron otros beneficios contenidos en la norma, como la normalización general de las relaciones mutuas de prestación de servicios entre distribuidoras eléctricas y municipios, lo que garantiza servicios eficientes de alumbrado público en todo el territorio nacional.
