Panorama político. Representantes del Partido de la Liberación Dominicana exigen a las autoridades gubernamentales la liberación inmediata de todos los expedientes administrativos, disciplinarios y políticos relacionados con funcionarios gubernamentales acusados de narcotráfico.
En respuesta al discurso del lunes del presidente del PRM, José Ignacio Palisa, el grupo de congresistas dijo que el país debe dar una explicación oficial, institucional y transparente sobre los casos mencionados, que son resultado de acciones tomadas por organismos internacionales como la DEA y otras agencias.
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«Como principal fuerza opositora responsable, exigimos una investigación independiente, preferiblemente con apoyo internacional, para desmantelar cualquier estructura criminal que haya penetrado en el estado», dijo Gustavo Sánchez en una conferencia de prensa en la Asamblea Nacional.
«Debemos construir instituciones que inspiren confianza, no confesiones tardías», añadió el legislador, apostando por la preservación de las instituciones; evitando el uso de la información con fines políticos y comprometiéndose a no entrar en un pacto de silencio.
Gustavo Sánchez dijo que el país quedó sorprendido por la declaración del lunes por la noche de un ministro de la administración presidencial y también presidente del Partido Revolucionario Moderno, quien reconoció públicamente la presencia de legisladores, funcionarios y líderes de su partido gobernante con vínculos con el narcotráfico.
Un portavoz del PLD y miembro del grupo dijo: «El discurso del presidente del PRM confirma lo que hemos denunciado durante años: que el tráfico de drogas ha penetrado la estructura de poder inmediata del partido y que sus altos dirigentes no tienen la capacidad ni la voluntad política para detenerlo».
Dijeron que mientras el PLD y otras organizaciones políticas exigen que los candidatos presenten pruebas de antecedentes penales y buenas referencias, el PRM se centra en pedir fondos de hasta 100.000 pesos para registrar candidatos.
Representantes del PLD aseguraron que las palabras del ministro Palisa y del presidente del PRM revelaron la incapacidad de los mecanismos de control interno de la organización para alcanzar el nivel de poder estatal, la desprotección de la ciudadanía frente a las redes criminales que encuentran refugio en los espacios de poder, la erosión y pérdida de credibilidad de los partidos de gobierno y el hecho de que para financiar sus campañas el gobierno aceptó recursos cuyo origen no pudo ser probado.
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