Panorama del país. – El dirigente político y miembro del Buró Central del Poder Popular, Jeffrey Infante, cuestionó la recientemente anunciada reestructuración del sistema de transporte público por parte del Ejecutivo, argumentando que la medida reuniría en una sola estructura todas las funciones estratégicas relacionadas con el desarrollo de proyectos de transporte de gran escala en el país.
Infante dijo que los nuevos nombramientos presidenciales ponen al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Transporte Público (FITRAM) y a la Oficina de Reestructuración del Transporte (OPRET) al frente del diseño, contratación, construcción, supervisión y operación del transporte público, eliminando con ello la separación de funciones que garantizaba un control efectivo y una fiscalización independiente. “Con esta decisión, FITRAM ahora puede diseñar, licitar y supervisar por sí solo”, afirmó.
El ex candidato a la alcaldía de San Diego señaló que la concentración del poder de la agencia llega en un momento en el que, como señaló, existen dudas constantes sobre la calidad, la eficiencia y la gestión financiera de los proyectos recientes.
Organización de Ministros de la Presidencia Comité de Supervisión de Licitaciones FITRAM
Citó como ejemplos el aumento del costo del Monorriel de Santiago con respecto a lo anunciado originalmente, las aparentes fallas de la Línea 2C del Metro antes de su apertura y la baja concurrencia en los teleféricos de Santiago y Los Alcarisos. Añadió además que la decisión de impulsar el monorraíl en Santo Domingo va en contra de estudios técnicos que recomendaban un sistema tipo metro.
Para Infante, consolidar todas las fases del proyecto en una sola estructura no mejoró la gobernanza sino que debilitó la transparencia. «El Estado no puede permitir que la misma persona decida actuar como postor, constructor y auditor. Teniendo en cuenta esta historia, ¿cuál es la solución para eliminar los controles?» preguntó.
También llamó al presidente Luis Abinader a explicar a la ciudadanía cuáles serán los verdaderos mecanismos regulatorios externos ante el nuevo modelo de gobernanza del transporte público.
En este sentido, dijo que la decisión no sólo cambia la arquitectura institucional sino que también plantea interrogantes sobre la calidad de los controles y contrapesos en una de las áreas de inversión más grandes y sensibles de Dominica. «El país necesita dejar claro quién supervisa y quién controla todo ahora», subrayó.
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