Panorama político. El Partido del Poder Popular (FP) denuncia las sanciones económicas por tributación indebida a más de 750.000 empleados dominicanos como consecuencia de la negativa del gobierno a indexar la porción exenta del Impuesto sobre la Renta (ISR) prevista en el artículo 296 del Código Tributario.
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El grupo político dijo que tal inacción violaba directamente la ley y reduciría gradualmente los ingresos reales de los trabajadores formales.
La posición del Poder Popular fue dada a conocer en conferencia de prensa encabezada por la Secretaría del Trabajo y Asuntos Sindicales, representada por su titular Nelsida Marmolejos, quien actuó como vocera y leyó un comunicado oficial.
“Cada año, más de 750.000 empleados pagan más ISR simplemente porque sus salarios nominales aumentan por la inflación y no porque aumente su poder adquisitivo”, advirtió Nelsida Marmolejos, secretaria de Trabajo y Asuntos Sindicales de Fuerza del Pueblo.
El dirigente explicó que si se aplicaran los ajustes por inflación que exige la normativa tributaria, la porción libre de impuestos hoy sería de más de RD$50,000 mensuales, en lugar de los RD$34,685 que están congelados desde 2017.
“De aplicarse la exención que exige la ley, los empleados con un salario promedio entre RD$40,000 y RD$70,000 mensuales no estarán sujetos al impuesto inflacionario, reduciendo así sus ingresos reales de RD$800 a RD$6,000 mensuales”, dijo Marmolejos.
Asimismo, People Power dijo que el argumento oficial para congelar la porción exenta en nombre de la estabilidad fiscal era insostenible. En cambio, argumentó que la falta de actualizaciones distorsiona la economía y hace que el sistema tributario sea menos justo.
«No es cierto que la aplicación de la indexación salarial no pueda proteger la estabilidad macroeconómica. Por el contrario, no aplicarla puede conducir a distorsiones macroeconómicas», afirmó.
En este contexto, la organización denuncia las crecientes desigualdades en la estructura fiscal, señalando que los trabajadores formales utilizan los impuestos para financiar gran parte del gasto social, al tiempo que se ven privados de derechos ya contemplados por la ley.
“El gobierno intenta justificar el otorgamiento de recursos para programas sociales a quienes no pagan impuestos, pero niega los ajustes que la ley hace a los empleados que pagan impuestos”, dijo Marmolejos.
El Secretario de Estado también advirtió sobre el impacto de esta situación en la legitimidad del sistema tributario y el fomento de la informalidad en la fuerza laboral.
«Los sistemas tributarios que son punitivos e ignoran la inflación pierden legitimidad y sostenibilidad. El cumplimiento de las leyes tributarias no es un lujo fiscal, sino el respeto al Estado de derecho y la justicia fundamental para los contribuyentes que apoyan al país», concluyó.
Finalmente, el Poder Popular exige al Congreso Nacional, en el proceso de aprobación del Presupuesto General del Estado 2026, garantizar la aplicación inmediata de la indexación legal del ISR, en caso contrario, incluir disposiciones transitorias en la reforma tributaria para asegurar su restablecimiento automático a partir del próximo año.
El post «Fuerza del Pueblo» aparecido por primera vez en Panorama confirma que el gobierno castigó con impuestos indebidos a más de 750.000 empleados.
