Panorama político. Mario Holguín, jefe de la Dirección de Seguridad Vial del Poder Popular (SESVIALFP), ha cuestionado la calidad de las obras que realiza el gobierno en infraestructura vial, advirtiendo que las inversiones dedicadas a mantener seguras las vías del país son bajas.
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Con base en información obtenida del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPC), Holguín dijo que más del 50% del presupuesto de la cartera está destinado al mantenimiento, protección y rehabilitación de carreteras y caminos vecinales. Sin embargo, dijo, «la calidad de estos trabajos fue significativamente inferior», lo que contrasta con el éxito administrativo presentado en los informes oficiales.
«El crecimiento económico del país depende en gran medida de su red de carreteras, pero las asignaciones presupuestarias no reflejan una prioridad real para la seguridad de los usuarios», afirmó Holkin.
De los aproximadamente 6 mil millones de pesos destinados al transporte urbano hasta 2025, no se precisó qué parte de los fondos se destinaría a la seguridad vial. En comparación, se asignarán P20 mil millones al sector del transporte, un déficit presupuestario que, según los líderes políticos, «demuestra el compromiso insuficiente del gobierno para proteger vidas en las vías públicas».
También enfatizó que si bien el fondo fiduciario RD-Vial tiene alrededor de P17 mil millones, sólo del 12 al 15 por ciento del presupuesto del MOPC se asigna a seguridad vial, inspecciones, educación e infraestructura de seguridad, equivalente a alrededor de P900 millones al año.
En cuanto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la entidad recibirá entre 4.500 y 6.500 millones de pesos del presupuesto nacional en 2025, además de US$10 millones de la cooperación internacional (UE-AFD) y financiamiento del RD-Vial. Sin embargo, los resultados en la reducción de accidentes y víctimas no son proporcionales a los recursos invertidos.
«El número de víctimas mortales y heridos por accidentes de tránsito sigue siendo impactante. Esto demuestra que los esfuerzos del gobierno no son suficientes ni efectivos», subrayó Holguín.
Ante esta situación, People Power propone dos recomendaciones clave para abordar la crisis de seguridad vial:
- La Asamblea Legislativa impone la obligación de invertir en el mantenimiento y protección de la red vial nacional y establece un comité mixto especial de legisladores para supervisar y presentar informes públicos periódicos sobre estas inversiones.
- Exigiendo una intervención inmediata en las carreteras, el mal estado de las mismas pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos que circulan por ellas cada día.
Mario Olguín concluyó: “La seguridad vial debe convertirse en una prioridad nacional, no en una promesa electoral. Exigimos transparencia, control y acciones urgentes para detener esta epidemia de muerte en las carreteras del país”.
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