perfil del país. – La Contraloría General de la República (CGR) sostuvo una reunión con todos los auditores, directores y gerentes para analizar el impacto del nuevo código penal y la nueva ley de compras y contratos públicos en los controles internos.
Los principales oradores de la jornada fueron la jueza Yeni Berenice Reynoso, Fiscal General de la República, quien habló sobre el nuevo Código Penal dominicano; Alfredo Bueno, Analista Jurídico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, quien presentó las nuevas leyes del organismo; y Félix Santana García, Auditor General de la República, quien explicó la importancia e impacto de estos dos marcos regulatorios en la labor de control y supervisión del Estado.
El Auditor General Félix Santana García destacó que esta actividad es parte de los esfuerzos de la Contraloría General de la República para mantener actualizado a su personal técnico sobre los nuevos desafíos legales encaminados a fortalecer la transparencia y el ejercicio responsable de los servicios públicos.
«Cuando el Estado se fortalece jurídicamente, los auditores tienen más herramientas, más apoyo y más legitimidad para hacer su trabajo con objetividad y autoridad moral, reduciendo así las amenazas legales», dijo Santana García.
El Auditor General agregó que “un buen profesional es capaz de anticipar riesgos, detectar desvíos antes de que se conviertan en errores graves y ayudar a las entidades fiscalizadas a adoptar mejores prácticas de gestión, como parte de la política institucional y de transparencia impulsada por el Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinad Corona”.
Asimismo, la Fiscal General Yeni Berenice Reynoso afirmó que la nueva Ley de Contrataciones Públicas trae consigo un nuevo conjunto de delitos, estableciendo 27 tipos de delitos nuevos o potenciados junto al catálogo de delitos del Código Penal. Destacó la importancia de que los funcionarios públicos y el público en general comprendan el marco legal que protege el patrimonio de todos.
«Su papel fundamental es comprender las herramientas que se le entregan según la nueva legislación porque usted es el controlador interno», recordó al personal del auditor general.
Enfatizó que los colaboradores de la Contraloría General son los primeros custodios del patrimonio nacional. «Técnicamente de lo que estamos hablando es de patrimonio nacional, pero espero que empecemos a cambiar la cultura y sentir que el patrimonio es de todos», dijo Reynoso.
El analista Alfredo Bueno considera que «la nueva ley de contratos es muy completa y se centra en sancionar distintos delitos, entre ellos la falsificación de documentos. Hasta el momento se han descubierto 200 delitos de este tipo».
En su auto, el Contralor General destacó que el nuevo Código Penal y la Ley de Compras y Contrataciones Públicas son resultado de un proceso de maduración institucional que moderniza el país y promueve una cultura de legalidad y honestidad.
«Estos nuevos marcos regulatorios no son incidentes aislados ni respuestas temporales, sino parte de una visión de largo plazo para un país más justo, ético y transparente», afirmó el contralor tras instar a los auditores a desempeñar sus funciones con rigor, objetividad y compromiso ético.
Santana reiteró que los auditores de la Unidad de Auditoría Interna son la primera línea de defensa del Auditor General de la República y que su papel se vuelve aún más importante con la introducción de nuevas normas.
El funcionario enfatizó que «los auditores deben ser agentes jurídicos, asesores técnicos y guardianes preventivos de las instituciones públicas». Al mismo tiempo, el responsable también recordó que la unidad ha emitido una serie de resoluciones encaminadas a fortalecer la gestión de inventarios, activos fijos, ingresos públicos y caja chica para garantizar la correcta gestión de los activos estatales.
Vale la pena señalar que la nueva Ley N° 74-25 del 3 de agosto de 2025 establece un nuevo código penal que reemplaza el antiguo sistema vigente desde 1884. Esta reforma legal marca un importante cambio y avance en el ordenamiento jurídico del país y entrará en vigor en agosto de 2026.
