La Oficina de Justicia, que está permanentemente preocupada por la provincia de San Diego, retrasó su demanda de medidas de coerción el viernes, que once oficiales de policía fueron acusados de muerte por cinco hombres en una plaza comercial en Barranquita.
La audiencia fue reprogramada el próximo jueves 9 de octubre, para que los abogados tuvieran tiempo de estudiar los archivos de acusación para que pudieran estar presentes entre los familiares de la víctima.
«Analice los plazos de la gran cantidad de evidencia proporcionada por el ministerio público y socialice en la forma en que representa«, Dijo Wilson Camacho, el abogado que lo acompaña.
acusado
Los acusados fueron los más grandes de Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco. Capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; Segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; Los Cabos Yohandy Encarnacia, Geysers Franciscoálvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; Sargento Sócrates Mayor Féliz Féliz; Sargento Mairo Mateo Morillo y Rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y Joséctavio Jiménez Peña.
La policía es acusada Asociación de Malhecoros y homicidio voluntario Destrucción de Elvis Antonio Martinez Rodríguez (Deivito), 26; Julio Alberto Gómez (escritorio), 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (El Charly y/o Charli Chasc), 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, 35 y José Vladimir Valerio Estévez, 25.
El ministerio público requiere imponer 18 meses de detención preventiva y declaraciones sobre casos complejosY apegándose al alcance de la coerción, después de darse cuenta de los hechos, el acusado formuló una serie de acciones para ocultar la evidencia y obstaculizar la investigación posterior.
La calificación legal temporal otorgada por la Oficina del Fiscal General viola los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que representa a Malehece y la Asociación de Homicidios Voluntarios.
Los agentes policiales llegaron a la plaza en tres autos: dos autos, un Mazda y un Honda Civic y un Kia K5 K5 2013.
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Además, robaron DVR del negocio de la ubicación del evento «, así como varios teléfonos celulares que pertenecen a diferentes personas, interesadas en socavar la evidencia del proceso y obstaculizar la investigación». Incluso agregó la solicitud de medición, y llamaron al propietario de una empresa que había cerrado para pedirles que adoptaran y adoptaran un DVR de la Cámara de Representantes.
Después de lo que sucedió, el fiscal general de la República Yeni Berenice Reynoso ordenó al director de persecución del ministerio público y al fiscal de San Diego que investigue para «determinar la situación objetiva que ocurrió en el incidente y proceder de acuerdo con el mismo resultado».
