El reciente caso denunciado por el comunicador Mario Herrera, sobre un intento de desalojo en una finca de Santo Domingo Norte presuntamente orquestado por un oficial de la Fuerza Aérea, obliga a levantar una reflexión seria sobre los límites del poder y la fragilidad de los derechos fundamentales cuando se enfrentan a estructuras armadas.
Según lo expuesto, un teniente coronel se habría presentado en la propiedad acompañado de militares y policías, intentando ingresar sin orden judicial, mientras el legítimo propietario —Pablo Agüero— contaba con un título definitivo de propiedad emitido desde 2008. Las grabaciones aportadas como prueba darían cuenta de amenazas hacia un empleado para facilitar el acceso, lo que de comprobarse, supondría una violación directa al principio de inviolabilidad de domicilio y al derecho de propiedad consagrado por la Constitución.
En cualquier Estado democrático, la propiedad privada es un pilar que no puede ser trastocado por la fuerza, y mucho menos por quien porta un uniforme. Si un militar puede intervenir sobre terrenos con acompañamiento policial y sin las debidas garantías judiciales, se desdibuja el Estado de Derecho y se abre la puerta a la impunidad disfrazada de autoridad.
El caso, hasta el momento, ha sido ignorado por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Dominicana, instituciones que —por prudencia o cálculo— han optado por el silencio. Pero el silencio en estos casos no es neutral: protege al poderoso y deja desamparado al ciudadano común. Se espera de estas instituciones una postura clara y una investigación inmediata, no solo para esclarecer los hechos, sino también para enviar el mensaje correcto a una ciudadanía que observa con preocupación cómo se usa el poder.
La República Dominicana no puede permitirse retroceder en materia de seguridad jurídica. No puede tolerarse que se relativicen derechos fundamentales bajo el argumento de jerarquías militares o relaciones de poder. Si hay disputas sobre terrenos, existen vías legales para resolverlas; lo que no puede admitirse es que un ciudadano, con título en mano, tenga que defender su propiedad frente a quienes deberían protegerla.
El editorial de este medio se alinea con la demanda de justicia, legalidad y respeto a la institucionalidad. No es un favor lo que se pide, es el cumplimiento de la ley. Porque cuando el poder militar se impone por encima de la propiedad privada, no solo pierde un campesino su tierra: pierde el país su democracia.
