Luis Abinader ya no puede taparla más. El nuevo escándalo que sacude al gobierno involucra directamente a la ministra Faride Raful y al director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Sí, el mismo que ha pasado más desapercibido que útil, pero que ahora aparece en escena para asumir un papel que más parece de encubridor que de líder institucional.
Todo estalló con un video viral: un peluquero, en plena madrugada, es interrumpido por agentes policiales que le ordenan cerrar su barbería por estar operando fuera de “horario permitido”. ¿El problema? No hay ley que prohíba eso. No vendía alcohol, no hacía ruido, no alteraba el orden. Solo trabajaba. Y aun así, fue acosado por una autoridad que se inventó reglas al vuelo.
Lejos de aclarar la situación, Guzmán Peralta ofreció una declaración que encendió aún más la indignación: justificó la actuación del patrullero bajo el argumento de que “es responsable de su zona”, como si eso le diera poder absoluto para clausurar negocios a discreción. En otras palabras, en República Dominicana ahora cada policía puede ser juez, legislador y ejecutor en su propia “zona de feudo”.
Faride Raful, por su parte, prefirió no dar la cara. Delegó en el director de la Policía el papel de vocero y se limitó a lanzar acusaciones vagas sobre extorsiones, sin nombres ni pruebas. Un intento burdo de desviar la atención y victimizarse, mientras el abuso de poder queda documentado en redes sociales.
Lo más grave es que no estamos hablando de un hecho aislado. Esta es solo la continuación de una línea de acción que ya ha sido denunciada: prohibiciones arbitrarias a colmadones, restricciones en fechas festivas como Semana Santa, e intervenciones policiales sin amparo legal. Faride gobierna a golpe de ocurrencias, sin decretos ni justificaciones, mientras el presidente guarda silencio.
¿Hasta cuándo el presidente Abinader seguirá encubriendo estas prácticas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendrán que tolerar un Estado que persigue al que trabaja mientras ignora al que delinque?
Porque, seamos claros: no hemos visto ni una rueda de prensa condenando a los atracadores, ni una declaración firme contra los puntos de droga. Pero sí vemos operativos contra peluqueros que intentan ganarse la vida de madrugada. Eso es más que un atropello. Es una burla.
Y como ya lo dicen muchos en las redes sociales: «Si el pueblo no tiene paz, el gobierno tampoco.»
Trabajador social, comunicador y político, amante de las tecnologías. #tipsTIC – http://youtube.com/MarioHerreraH
