A mediados del año pasado, entre aluvión de novedades literarias y estrenos en plataformas, trascendió que Ana Julia Quezada, condenada por prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel, estaba negociando con una productora audiovisual su participación en una serie documental sobre el caso. Patricia Ramírez, la madre del menor asesinado, no daba crédito: ni ella ni el padre del niño habían dado permiso alguno, por lo que hizo todo lo posible para paralizar el proyecto. Interpuso demandas contra Quezada y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, llevó el caso a la Comisión de Interior del Senado, y acabó reclamando un Pacto de Estado para proteger a las víctimas de delitos especialmente violentos. «Hay que enseñar a consumir sucesos de forma responsable. El consumo de la violencia no puede ser morbo y espectáculo. A lo único que nos lleva es a generar más violencia», dijo entonces Ramírez. Al final, la productora que planeaba llevar el atroz asesinato del niño conocido como ‘El pescaíto’ a la televisión acabó reculando, pero la música de fondo permanece. ¿Se pueden poner límites al ‘true crime’? ¿Se debe imponer la libertad de expresión al honor de las víctimas?
Las preguntas han emergido de nuevo esta semana coincidiendo con la polémica suscitada por la publicación de ‘El odio’, libro que Luisgé Martín ha dedicado a José Bretón, condendo a 40 años de cárcel por el asesinato de sus dos de hijos de 6 y 2 años, pero la instrumentalización de menores en artefactos ‘true crime’ es uno de los dilemas a los que el género no ha sabido (o querido) encontrar solución. “Me pregunto si dentro de unos años alguien hablará de nosotros como nosotros hablamos ahora de los periodistas que cubrieron el crimen de Alcàsser”, se preguntaba al hilo del ‘caso Gabriel’ Sara Gonzalo, productora ejecutiva de series como ‘Fariña’ o ‘El caso Asunta’.
Tampoco hace tanto, mediados de marzo, que llegaba al juzgado otra demanda en la que Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión por el llamado «crimen de la Guardia Urbana», reclama cerca de 30 millones de euros a Netflix y Arcadia Motion Pictures por vulnerar su derecho al honor y afectar gravemente la imagen de su hija. En septiembre de 2023, la plataforma estrenó ‘El cuerpo en llamas’, la serie que convirtió en fenómeno televisivo el ‘crimen de la Guardia Urbana’.
‘El odio’ está escrito con el mayor respeto hacia las víctimas. El libro puede provocar dolor al reabrir heridas, pero no más que otros libros que se han publicado sobre los hechos o que la serie audiovisual ‘Bretón, la mirada del Diablo’, emitida en 2023″
Reabrir heridas
El caso de ‘El odio’, defienden tanto Martín como la editorial Anagrama, es sensiblemente diferente, por lo que no entienden que la Fiscalía de Menores de Barcelona haya solicitado al juez la suspensión de la publicación. “Entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan”, defendía este viernes el sello barcelonés en un comunicado. “‘El odio’ está escrito con el mayor respeto hacia las víctimas. El libro puede provocar dolor al reabrir heridas, pero no más que otros libros que se han publicado sobre los hechos o que la serie audiovisual ‘Bretón, la mirada del Diablo’, emitida en 2023. ‘El odio’ no da voz a José Bretón: se la quita, niega su explicación de los hechos, le enfrenta con sus contradicciones. ‘El odio’, en mi humilde opinión, sirve para mostrar los laberintos de la infamia y de la vileza de un asesino. Nada más. Y nada menos”, añadía, por su parte, Luisgé Martín.
Ruth Martín, la madre de los niños, presentó a principios de semana una denuncia por intromisión ilegítima del derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores fallecidos, y un juzgado de Barcelona estudia ahora suspender de forma cautelar la distribución del libro. En él, el escritor madrileño reconstruye el caso a partir de casi sesenta cartas y una entrevista cara a cara en la cárcel de Herrera de la Mancha con el asesino. Es precisamente ahí donde Bretón confiesa por primera vez el crimen. “Si no había cuerpos, no podían acusarme de nada. No podían condenarme. Estuve a punto de conseguirlo. Sólo me faltó un poco más de suerte”, le dijo a Martín en diciembre de 2023. Más de diez años antes, el 8 de octubre de 2011, José Bretón drogó y mató a sus hijos, roció los cuerpos con gasóleo y les prendió fuego.
“Empecé a escribir ‘El odio’ porque era incapaz de entender que alguien pudiera matar a sus propios hijos. La violencia está a nuestro alrededor y a menudo dentro de nosotros, vivimos en un mundo cada vez más convulsionado y colérico, pero hay un cierto tipo de violencia que no puede ser explicado de ninguna manera. La violencia vicaria es probablemente la más incomprensible de todas”, ha querido explicar Luisgé Martín a través de su agencia literaria. “La literatura trata desde siempre realidades complejas y dolorosas, también crímenes que han marcado a sociedades enteras”, sostienen desde Anagrama al tiempo que recuerdan que “la Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria”.
La literatura de los crímenes reales
‘El odio’, insiste el autor de ‘El amor del revés’, se inscribe en la tradición de libros de no ficción que han abordado crímenes reales, casi siempre brutales, y que han servido para “Indagar sobre el odio, sobre la brutalidad de la naturaleza humana, sobre la crueldad, sobre las estructuras sociales que sostienen esa violencia inacabable”. Los precedentes más claros son ‘A sangre fría’, obra con la que Truman Capote inventó el género (y algo más) a partir de su detallado relato del asesinato de una familia de granjeros de Kansas; ‘El adversario’, libro en el que Emmanuel Carrère abordó la figura de Jean-Claude Romand, un farsante que asesinó a toda su familia para burlar la vergüenza de no ser quien decía ser; y ‘La ciudad de los vivos’, salvaje crónica de Nicola Lagioia sobre un insólito caso de asesinato y tortura en un piso de Roma.
Truman Capote, una copia en holandés / Redacción
Ninguno de estos libros, polémicos en mayor o menor medida, acabó judicializado, pero existen otros casos de obras literarias que han tropezado con medidas cautelares, secuestros preventivos y excesos de celo legislativo. Ocurrió en 2018 con ‘Fariña’, cuando el exalcalde de O Grove, José Alfredo Bea Gondar, demandó a Nacho Carretero y Libros del K.O por supuesta vulneración de su derecho al honor y un juez secuestró durante tres meses y medio todos los ejemplares de la gran crónica del narcotráfico gallego.
Fue, probablemente, el caso más sonado de las últimas décadas, pero no el único: a finales de los años 90, el controvertido libro que el periodista Juan Ignacio Blanco dedicó a los crímenes de Alcàsser y las no menos polémicas teorías alternativas alrededor del caso fue retirado del mercado por orden judicial después de la denuncia de la madre de una de las niñas, Rosa Folch. Años después, en 2005, un libro del periodista Wayne Jamison sobre la supuesta cara oculta de ‘Operación Triunfo’ corrió la misma suerte después de que la productora del programa denunciase que lesionaba el honor y la buena fama del concurso y un juzgado de Barcelona ordenase secuestrar todos los ejemplares.
