Santo Domingo, D.N. – En un hecho que ha levantado gran preocupación en el ámbito público, se ha revelado que la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) ha adjudicado un contrato por 54 millones de pesos para la contratación de servicios Cloud, a pesar de contar con su propio Data Center estatal.
Según informaciones divulgadas recientemente, Bartolomé Pujals, director de la OGTIC, habría aprobado esta contratación con el aval indirecto del presidente Luis Abinader, lo que ha generado inquietud y especulaciones sobre una posible irregularidad en el proceso. La empresa beneficiaria del contrato es NAP del Caribe, adjudicándose el monto bajo la modalidad de «procedimiento de excepción por proveedor único».
Incoherencias en la contratación
El cuestionamiento principal gira en torno a la razón por la cual la OGTIC, siendo una institución que ofrece servicios de almacenamiento en la nube a otras entidades del Estado a través de su plataforma «OGTIC Cloud», ha decidido externalizar el mismo servicio. Desde 2018, el Estado Dominicano cuenta con un Data Center propio que fue concebido con el propósito de alojar los sistemas digitales de las instituciones gubernamentales.
Dicha contratación levanta suspicacias debido a que en la descripción técnica del servicio contratado se menciona un «servicio NAP backup Cloud», un término que según expertos en tecnología no tiene sentido en el contexto en que se usa, pero que se asemeja a la razón social de la empresa beneficiaria del contrato.
Antecedentes de contrataciones cuestionadas
Esta no es la primera vez que la OGTIC se ve envuelta en polémicas por contrataciones bajo la figura de «proveedor único». Anteriormente, la institución fue señalada por la adjudicación de un contrato para un software a un particular sin licitación previa, lo que generó un gran debate sobre la transparencia en los procesos de contratación estatal.
La situación actual revive las preocupaciones sobre la posible direccionalidad en la adjudicación de contratos millonarios, denuncia realizada por Mario Herrera en el programa Libremente, transmitido por VTV 32 y Panorama FM 96.9, poniendo en entredicho el compromiso del gobierno con la transparencia y el manejo eficiente de los recursos públicos.
Llamado a la investigación
Ante la magnitud del contrato y las dudas que ha suscitado, diversos sectores han solicitado que la Cámara de Cuentas y la Dirección General de Contrataciones Públicas realicen una auditoría para determinar si hubo irregularidades en el proceso. Se exige que las autoridades esclarezcan si esta contratación responde a una necesidad real o si, por el contrario, se trata de una adjudicación direccionada para beneficiar a una empresa en particular.
Conclusión
El pueblo dominicano está atento a las explicaciones que puedan brindar las autoridades sobre este contrato, que de confirmarse como una adjudicación irregular, representaría un duro golpe a la credibilidad del gobierno en materia de transparencia y eficiencia administrativa. La preocupación generalizada es que los recursos del Estado sean utilizados de manera justa y en beneficio de la sociedad, evitando cualquier tipo de privilegios injustificados en las contrataciones públicas.
Preguntas frecuentes (FAQs)
1. ¿Qué es OGTIC Cloud?
OGTIC Cloud es una plataforma de almacenamiento en la nube proporcionada por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) para alojar sistemas y servicios digitales de entidades estatales.
2. ¿Por qué se cuestiona este contrato?
Se cuestiona porque la OGTIC ya ofrece servicios de almacenamiento en la nube, por lo que no se justifica la contratación de un proveedor externo por 54 millones de pesos.
3. ¿Quién es Bartolomé Pujals?
Es el actual director de la OGTIC, entidad encargada de la digitalización y tecnología del Estado Dominicano.
4. ¿Qué es NAP del Caribe?
Es la empresa que recibió el contrato por 54 millones de pesos bajo la figura de «proveedor único», lo que ha generado controversia.
5. ¿Qué acciones se pueden tomar al respecto?
Se ha solicitado una auditoría para investigar si la adjudicación cumplió con los procesos legales y si hubo un manejo irregular de fondos públicos.
