Panorama político. El jurista y político Guillermo Moreno expresó su rechazo a la recién dictada sentencia del Tribunal Constitucional TC/788/2024 sobre candidatos independientes, calificándola de «anomalía jurídica» y afirmando que escapa al ámbito de sus competencias constitucionales.
a través de su cuenta en una variedad de publicaciones
Moreno explicó que el artículo estipula «claramente» que la representación política ante el poder estatal debe ser a través de partidos, grupos y movimientos, y no a través de organizaciones «civiles» o de la «sociedad civil».
un tribunal más allá de sus fronteras
Moreno planteó una pregunta fundamental: «¿Tiene el Tribunal Constitucional competencia para modificar las disposiciones de la Constitución y ampliar el sistema de representación previsto en el artículo 216?». Los juristas creen que la respuesta es no, porque el Tribunal Constitucional no tiene competencia. modificar el texto de la Constitución.
Además, sostuvo que era inusual que una sentencia del Intérprete Supremo de la Constitución pudiera ser en sí misma inconstitucional y, por tanto, inválida. Moreno advirtió que el fallo parecía estar en línea con las tendencias neoliberales que promueven la antipolítica y rechazan a los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia representativa.
La crisis de representación: las causas más profundas
En su análisis, Guillermo Moreno enfatiza que la profunda crisis de representación que afecta al sistema político dominicano no se resolverá con la inclusión de candidatos “cívicos” o “sociales”. Señaló que la verdadera raíz de la crisis está en factores que distorsionan la soberanía ciudadana como el clientelismo, el financiamiento desigual de las campañas y el alto costo de la política.
«Sin atacar las causas estructurales, la representación de candidatos ‘cívicos’ o ‘sociales’ no resolverá por sí sola la crisis de representación que corroe el sistema político dominicano», dijo Moreno.
Llamado a la reflexión y al respeto por el sistema
Moreno llamó a respetar el orden constitucional y a que las instituciones estatales, incluida la Corte Constitucional, actúen dentro de los límites otorgados por la Carta Magna.
Advirtió que tal decisión no sólo crearía inseguridad jurídica sino que también socavaría la confianza en las instituciones democráticas.
Finalmente, reiteró que resolver la crisis representativa requiere medidas integrales para resolver fundamentalmente el problema, en lugar de simplemente hacer ajustes superficiales. Esto no solo no resolverá el problema, sino que lo empeorará.
