pasar a través Magdalena Bass y Catalina Vázquez Sandoval
El reciente interés de Nayib Bukele en revertir una prohibición a la minería metálica en El Salvador ha reavivado las discusiones a nivel nacional e internacional en torno al tema, que ha estado bloqueado desde 2017. Sostuvo desde su red que fue Dios quien puso el tesoro a los pies de Salvador. población, sería «ridículo» no explotar este recurso para lograr un desarrollo económico y social «sin precedentes».
Las tensiones se intensifican esta vez dada la concentración de poder en el presidente y la erosión de la eficacia del régimen particular en la oposición política y organizativa del país. ¿Pero cuál es el origen de la prohibición? ¿Cuáles son las implicaciones del levantamiento de la prohibición minera en este contexto político y social?
origen
Esta discusión existe mucho antes de la popularidad de Bukele y sus controvertidas medidas de seguridad. La prohibición surge de una disputa legal entre El Salvador y la empresa minera canadiense Pacific Rim. En 2009, mientras la empresa estaba renovando su licencia minera de oro para el proyecto Eldorado, el presidente Antonio Saca, cediendo a la presión interna, anunció que la licencia minera no sería aprobada hasta que se promulgara una nueva ley minera. La minería fue efectivamente suspendida, lo que llevó a Pacific Rim a demandar al estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, argumentando que su inversión había perdido valor debido a la acción estatal.
El arbitraje abordó dos cuestiones clave: la soberanía regulatoria del Estado en cuestiones ambientales que protegen la inversión extranjera y la necesidad de incluir las voces a menudo marginadas de las comunidades locales y la sociedad civil. Respecto a este último punto, este no es un caso más. El arbitraje se produce en el contexto de una reacción local contra la empresa, caracterizada por amenazas y ataques a defensores del medio ambiente, que resultaron en la muerte de tres de ellos. Aunque aún no se ha identificado al responsable, la Procuraduría General de la República dijo que la existencia de la empresa puede tener el mismo origen que la conducta delictiva.
Las organizaciones de la sociedad civil a través de la movilización y el sometimiento social son conocidas como amicus curiaeComo señaló el jurista M. Sornarajah, puede servir como contrapeso a las corporaciones multinacionales. Sin embargo, en el arbitraje de inversiones, ni las comunidades locales ni la sociedad civil tienen espacio para audiencias forzadas por los tribunales.
¿Qué decidió el tribunal? En un fallo emitido el 14 de octubre de 2016, rechazó los reclamos de PacRim y concluyó que la compañía no tenía derechos mineros actuales cuando el gobierno suspendió efectivamente la minería metálica en El Salvador. Sin embargo, lo más importante sucedió después. Con el apoyo de la Iglesia Católica, la Encíclica Laudato Si’, la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, organizaciones sociales y más de 33.000 firmas se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una ley de orden público que convierte a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica dentro de sus fronteras, reafirmando los derechos a la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. “Di sí a la vida, no a la minería” es el lema que sigue vigente en la sociedad. Si bien a los seguidores de Bukele les gusta su enfoque de la política, la insatisfacción actual es palpable.
La noticia es la culminación de acciones para lanzar 2021, con el establecimiento del Panel Intergubernamental sobre Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible, la aprobación de la Ley que Crea la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minería y la designación de una partida presupuestaria » revisar y actualizar las leyes que prohíben la minería». Sin estudios publicados formalmente, sólo se conocen los impactos de proyectos mineros pasados: un aumento del 16,5% en la demanda de agua y una disminución del 2,5% en el agua disponible, según la UCA.
futuro
El autoritarismo fomenta este tipo de declaraciones impopulares y aumenta la probabilidad de que sean aplicadas y sus oponentes reprimidos. El Salvador se encuentra bajo estado de emergencia desde hace más de tres años, y cinco ambientalistas de Santa Marta han sido encarcelados durante 21 meses por presuntos delitos cometidos durante el conflicto armado tras denunciar una posible reanudación de la actividad minera, describe el grupo Una Acta. manipularon la justicia restaurativa para perseguir actividades ambientales. Aunque fueron liberados, la Sala Penal de Kojutepec ordenó recientemente un nuevo juicio en otro tribunal.
¿Es suficiente la popularidad política en tales decisiones, independientemente de la población? Quizás no, bastaría con el control de otros órganos del Estado y de las fuerzas militares. Aquí es donde se hace evidente la falta de controles y equilibrios (en mayor medida) y su impacto en la vida de las personas.
El levantamiento de la prohibición minera sigue el camino de Bukele hacia el poder, que consistió en emitir directivas sin diálogo, que serían implementadas por sus colaboradores de ideas afines en las instituciones estatales pertinentes. Sin embargo, la diferencia radica en la articulación social que ya existe sobre este tema, que es diferente a la articulación de temas como la democracia, el Estado de derecho y la corrupción que se debaten en el escenario salvadoreño. Aún así, todavía falta una oposición política capaz de aglutinar estas demandas sociales y representarlas en una situación dominada por el poder ejecutivo. Creemos que esta es otra clave para solucionar el problema que enfrenta la amenaza del retorno de la minería metálica en El Salvador.
Aún quedan algunas preguntas sin respuesta: ¿Qué pasa si se aprueban cambios regulatorios y una eventual contaminación? Si el Estado salvadoreño no incluye a su pueblo en la conversación, ¿qué hará en términos de defensa de los derechos humanos? ¿Se duplicará la flexibilidad para emitir permisos de construcción dentro de áreas protegidas?
Magdalena Paz Velizio
Profesor Asociado de Derecho Internacional Público (Nivel IV) de la Universidad de la República e Investigador del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1) (Uruguay). Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
Catalina Vázquez Sandoval
Candidato a Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, consultor en investigación y procesos de comunicación social.
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