Prevé medidas para evitar la ocupación irregular de inmuebles


A través del Decreto 668-22, el presidente Luis Abinader dispuso una serie de medidas para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones ilegales de bienes públicos y privados.

El decreto establece en particular que los extranjeros debidamente procesados ​​serán deportados de acuerdo con las facultades constitucionales del Presidente para ello, y no podrán regresar al país, para lo cual se dan instrucciones a una serie de instancias como el Ministerio del Interior y del policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional.

Algunas de las medidas adoptadas consisten en la creación de una unidad especializada dentro de la policía nacional para la prevención y persecución de invasiones y ocupaciones ilegales de bienes privados y estatales.

En el mismo sentido, se instruye al Ministro de Gobernación y Policía y al Director General de la Policía Nacional a realizar la persecución bajo el debido proceso y de conformidad con la ley y el sometimiento a la justicia de estos extranjeros. que participan en ocupaciones ilegales de terrenos privados o estatales.

Respecto de los extranjeros con los que se acredite la comisión de atentados a la propiedad privada, también se ha instruido al director general de inmigración para que lleve a cabo su expulsión del país, y para que impida permanentemente el reingreso a territorio nacional de personas en estas circunstancias.

Respecto de esta última medida, también se acordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores instruya a los consulados de la República Dominicana establecidos en los países de origen de los ciudadanos extranjeros que incurran en la infracción a la ley señalada en este decreto, para que establezcan un registro particular, con el objetivo de que estos ciudadanos nunca puedan optar por ningún tipo de visa o permiso para ingresar al territorio de la República Dominicana, ya sea como turista o como residente.

El decreto destacó que la preservación de la seguridad nacional y el orden público, así como la protección del derecho a la propiedad previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República, son de gran interés para la actual administración.

Asimismo, se destaca que el gobierno dominicano ha luchado durante años para asegurar la tutela efectiva del derecho a la propiedad, lo que hoy cobra especial relevancia para fortalecer la seguridad jurídica, para lo cual se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar ocupaciones irregulares o invasiones de bienes privados. propiedad.



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