No es necesario haber sufrido una inundación para recibir una casa del Estado
AZUA. El clientelismo político y el irrespeto o desacato a las decisiones judiciales en el país, se evidencia en la entrega de viviendas hecha por los funcionarios del Estado a sus allegados políticos y familiares, por encima de las necesidades y vicisitudes de los residentes en las orillas de los arroyos del municipio Azua para quienes en principio se construyó el proyecto habitacional Los Toros I y II, en la referida demarcación.
La crecida de los afluentes en 2012 por el paso del huracán Sandy y la tormenta Isaac en el país llevaron consigo las viviendas y ajuares de los residentes en sectores La Curvita Vichy, el Hoyito de la Cuchilla, Framboyán, Alto las Flores, entre otros. Por esa razón se decidió construir con recursos aportados por la Hidroeléctrica de Los Toros, 102 viviendas para los damnificados.
Pero ¡oh sorpresa! para quienes aún viven en y próximo a los arroyos. Las casas que se les entregarían, basado en el levantamiento hecho por las autoridades luego del paso de los fenómenos naturales, solo fueron entregadas a unos pocos en tanto que otras fueron repartidas a familiares de los altos dirigentes y funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana así como a empleados del Ayuntamiento según denunciaron los afectados.
Ante esa situación, los damnificados sometieron un recurso de amparo ante la Cámara Civil y Comercial de Azua, el cual fue acogido parcialmente por el juez Rafael Wilson Abreu De Jesús, quien antes de que el presidente de la República los entregara en julio del 2016, ordenó al Consejo de la Hidroeléctrica de Los Toros la suspensión hasta tanto se compruebe que los beneficiarios son los realmente los afectados.
Las autoridades hicieron caso omiso al fallo que posteriormente llegó al Tribunal Constitucional y fue declarado inadmisible.
Al juez Abreu De Jesús lo pensionaron luego de emitir esa sentencia, 1 octubre 2016. Según informaciones manejadas por el exmagistrado y personas de su entorno, la desvinculación se hizo porque el fallo “molestó” a las autoridades.
En un recorrido hecho por reporteros de Diario Libre, se pudo constatar que varias familias censadas por la Cruz Roja Dominicana en la región, aún permanecen en las zonas altamente vulnerables mientras que en Los Toros II, vive Diana Lara, actual presidenta de la Junta de Vecinos y encargada de recepción del Ayuntamiento.
Lara confesó que no es damnificada y que vivía alquilada en el centro de la ciudad y que como ella hay otras personas no afectadas por las tormentas tropicales pero que “no tenían casas”. Diario Libre pudo constatar a prima fase, con el apoyo de residentes en el proyecto habitacional, que siete familias no eran damnificadas.