Suspenden el juicio por el asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres

S. GOZALO / EFE

• La activista medioambiental fue asesinada a tiros en Honduras en 2016.

Dos años y medio después de que la activista Berta Cáceres fuera asesinada a tiros en la localidad hondureña de La Esperanza, donde residía, este lunes ha arrancado en la Corte Suprema de Justicia el juicio por su muerte. Sin embargo, poco después de su apertura, el proceso ha sido suspendido tras la presentación de cinco recursos de amparo y una recusación al tribunal de sentencia, informó una fuente oficial a EFE.

«La audiencia se ha suspendido pese a que se abrió el juicio oral y público tal como corresponde. No obstante, no se puede señalar una fecha de continuidad hasta que la Corte de Apelaciones resuelva los amparos y la recusación que han sido presentados», dijo el portavoz de la Corte Suprema de Honduras, Melvin Duarte, a los periodistas.

Agregó que el juicio se abrió «con la presencia de las partes», pero que fue suspendido por la presentación de los recursos, «algunos por el Copinh (Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y diferentes tipos de defensa».

Voz de los oprimidos

Cáceres representaba la voz de los pueblos oprimidos de Honduras, especialmente de los indígenas. Fue ella la que junto a otras personas fundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), desde donde durante toda su vida inició una lucha para limitar la actuación de las grandes empresas hidroeléctrica en el occidente de su país.

Cáceres, como muchos otros activistas, entendía que la actuación de estas grandes corporaciones internacionales no solo acababa con los recursos naturales de la zona en la que fijasen su actuación, sino que ponían en serio peligro la supervivencia de los pueblos indígenas de la selva hondureña.

Berta Cáceres era madre de cuatro hijos y había sido galardonada con el premio medioambiental Goldman. Desde hacía algún tiempo gozaba de protección al saberse amenazada. Lo que no impidió que en la madrugada del 3 de marzo de 2016 fuera tiroteada por dos hombres que acudieron a su domicilio.

Símbolo de lucha y resistencia

A pesar de las amenazas de muerte que había recibido, la dirigente indígena era miembro de la etnia lenca y estaba considerada en su país como una de las grandes defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.

En el banquillo de los acusados se sientan desde este lunes 8 personas acusadas de participar directa o indirectamente en su muerte, entre ellos miembros de la Policía y el Ejército, junto a personas vinculadas a las eléctricas. De todas formas, personas del entorno de su familia consideran que los encausados no son los autores intelectuales del asesinato de Cáceres.

En el proceso estarán presentes algunas ONG como Amnistía Internacional y Greenpeace, que han pedido que se garantice un juicio justo y que se profundice para lograr llevar ante la justicia a los verdaderos autores.