Solo tres países de la OCDE reconocen por ley el derecho a poseer y usar armas de fuego: Suiza, EE UU y México
M. M. / GRÁFICO: CARLOS G. KINDELÁN
- Abascal defiende el uso de las armas en defensa propia para «los españoles honrados».
- ¿Quién puede tener un arma España y qué requisitos se necesitan?
El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado partidario de llevar a cabo «un cambio radical urgente en la ley» para que los españoles puedan tener y hacer uso de armas de fuego «en situaciones de amenaza real para su vida» sin consecuencias judiciales. Pide «ampliar el concepto de legítima defensa».
Entre los países miembros de la OCDE y sus socios, solo hay uno que garantiza por ley el derecho a los ciudadanos a poseer armas de forma privada: Suiza. No obstante, no es un derecho absoluto e ilimitado y está desarrollado en las normativas cantonales, según la información que ofrece el proyecto de la Universidad de Sydney Gun Policy, realizado con el apoyo de Naciones Unidas.
En otros dos, EE UU (con la famosa Segunda Enmienda) y México, existe un reflejo de este derecho en la Constitución, pero con limitaciones añadidas por parte de otras leyes (federales, estatales y locales). En el resto de países (ver gráfico) de la lista, incluidos Colombia —a punto de la adhesión—; Brasil, India, Indonesia, China y Sudáfrica (socios); y Rusia (en conversaciones), no figura como tal.
En cuanto a quién puede adquirir y poseer un arma, en la mayoría de lugares y en términos generales se requiere, al menos, la obtención de una licencia; los pasos y requisitos, sin embargo, varían de un país a otro. En la Unión Europea hay, en todo caso, unos mínimos comunes, como tener cumplidos los 18 años y también una razón de peso que determinan los Estados Miembros, según la comparativa que puede consultarse en la web de la biblioteca del Congreso de EE UU.
Incluso en el caso de Suiza, por ejemplo, aquel que quiera una licencia de armas tiene que esgrimir un motivo legítimo —al margen de la caza (los cazadores, de hecho, no necesitan licencia), el deporte o el coleccionismo—. Se revisan los antecedentes criminales, de violencia doméstica o psiquiátricos y existe un registro nacional; aquellos que hayan hecho el servicio militar, además, se pueden quedar su arma.
Pistolas y revólveres
Si hablamos, en concreto, de la posesión privada de pistolas y revólveres (armas con licencia B en España, la que tiene Abascal), las normas son más dispares. En nuestro país, la concesión de una licencia de este tipo está supeditada a supuestos «de especial riesgo» y no es suficiente con argüir la defensa de personas o de bienes.
En Francia está prohibida la posesión, aunque hay excepciones para las que se puede pedir una licencia, como la práctica de tiro deportivo o la exposición «a riesgos graves» como resultado de la actividad profesional. Estas limitaciones afectan también a los rifles y a las pistolas eléctricas o tasers, entre otras armas.
En Suecia se puede tener un arma corta, pero solo en algunos casos y no para la autoprotección; en Canadá, Estonia, Holanda y Sudáfrica, entre otros, se permite con licencia. Y en EE UU está permitido sin necesidad de permiso en casi todo el país, igual que las armas semiautomáticas. Y no hay registro oficial.
En este país, la legislación es considerada por Gun Policy como «permisiva». Para las armas automáticas hace falta una licencia federal; para las ametralladoras o las armas recortadas, un registro especial. La compraventa privada de armas está permitida y las armas están prohibidas en escuelas, parques nacionales y edificios federales.
Nueva Zelanda, Brasil e Italia
La tasa de posesión (civil) de armas de armas de fuego por cada 100 habitantes es de 7.5 en España y de 120.5 en Estados Unidos. Según Gun Policy y teniendo en cuenta los países con datos disponibles, Suiza (41.28), Canadá (34.7), Nueva Zelanda (33) y Finlandia (32.4) completan los primeros cinco puestos.
Nueva Zelanda, por cierto, acaba de anunciar que prohibirá las armas militares semiautomáticas y rifles de asalto, con excepciones, en respuesta al atentado supremacista que acabó hace unos días con 50 muertos.
Brasil también ha vivido recientemente una de las peores masacres de su historia en un instituto de la localidad de Suzano, cerca de Sao Paulo. El presidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, firmó un decreto en enero que facilita la compra de armas por parte de civiles bajo el pretexto de garantizar, precisamente, el derecho a la legítima defensa.
En Italia, el Parlamento aprobó hace dos semanas un proyecto de ley que amplía el derecho de defensa que ya existía y que considera suficiente la percepción de una «amenaza» para disparar contra un intruso. Fue una promesa electoral de Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga Norte y ministro del Interior.
