La ONU dice que España «discrimina» a los estudiantes con discapacidad
EFE
- El Comité sobre los derechos de estas personas afirma que hay un problema de «segregación y exclusión».
- Las leyes y políticas educativas en España perturbaban el modelo médico de la discapacidad.
El Comité de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad consideró este martes que España incurre en un problema de «segregación y exclusión» de estudiantes discapacitados de la educación general, lo que de manera general viola su derecho a la educación.
En un informe publicado en Ginebra, los expertos de ese Comité dijeron que «España ha contribuido a un sistema discriminatorio«, que utiliza disposiciones legales vigentes para mantener dos sistemas educativos paralelos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general.
El Comité procedió a una investigación confidencial sobre esta situación en respuesta a informes recibidos en 2014 de una organización representativa de personas con discapacidad y, dos años más tarde, de una de las entidades del mecanismo nacional independiente de seguimiento.
En ambos casos se alegaba que a pesar de las reformas legales a la educación a nivel nacional, las leyes y políticas educativas en España perturbaban el modelo médico de la discapacidad. Fue así que el Comité encomendó a dos de sus miembros, el vicepresidente del mismo, Coomaravel Pyaneandee, y el miembro, Carlos Parra Dussan, cumplir una misión en España, lo que hicieron entre enero y febrero del año pasado.
Según el informe del Comité, ambos expertos determinaron que «dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva y que se base en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades«. El sistema educativo «debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera», dijo Parra, citado en un comunicado.
Durante su visita a España, los dos expertos visitaron varias ciudades y se reunieron con más de 165 personas, incluidos funcionarios del gobierno central y de las 17 comunidades autónomas, así como representantes de organizaciones de personas con discapacidad y otras de la sociedad civil.
El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene el mandato de asegurar que los países que han ratificado la Convención en esta materia, como España, cumplen con sus compromisos.