La fórmula de la legalización: las distintas regulaciones de los estados que han legalizado el cannabis

Jorge García

• Numerosos países están apostando por la regulación del cannabis.
• En general, esta estrategia ha tenido efectos positivos en Estados Unidos, Canadá y Uruguay.
• Aparentemente, la legalización no viene asociada a un aumento del consumo.
• España ingresaría 3.312 millones al año si se legalizase el cannabis.

A comienzos del siglo XX, un buen número de países firmaba un acuerdo que sería determinante para su política interior y que extendería su sombra mucho más allá de aquellos estados en los que tuvo su génesis. Este tratado era la Convención Internacional del Opio, y sentaría las bases de la política internacional de drogas hasta la actualidad.

La prohibición de los estupefacientes, lejos de acabar con el consumo, ha relegado la venta de drogas a una rama muy fuerte de mercado negro: las drogas son de lejos el producto ilegal más demandado en el mundo. En realidad, es muy complicado evaluar si el paradigma de la prohibición de hecho reduce la prevalencia del uso de drogas, ya que no existen ejemplos significativos (suficientemente cercanos a nuestras sociedades cronológica y/o sociológicamente como para ser extrapolables) de marcos en los que puedan cosumirse estupefacientes con plena seguridad jurídica dentro de un mercado estable. Lo que sí se ha podido demostrar es que, en la medida en que los estados endurecen su lucha contra las drogas, estas suben rápidamente de precios sin que baje su demanda.

El resultado de esto es un negocio tremendamente lucrativo para las organizaciones ilegales que explotan este mercado. Un negocio que, como es lógico, no aporta además ningún ingreso a los países, en el que no existen garantías de ninguna clase para los consumidores y cuyos (masivos) beneficios a menudo acaban financiando otras actividades ilegales, como el terrorismo.

Y, en gran parte, esta situación es la que está haciendo a muchos estados reconsiderar su postura en materia de estupefacientes y más específicamente sobre el cannabis. Por un lado, el debate científico se ha visto inundado de estudios que apuntan hacia el poder terapéutico de la sustancia; por otro, es la droga ilegal más consumida en todo el mundo con diferencia y sus riesgos, aunque reales y de sobra documentados en la literatura científica, son de lejos menores que los de otras sustancias ilícitas populares (muchos estudios científicos, incluso, coinciden en señalar el cannabis como más seguro que drogas legales como la nicotina o el alcohol). Todo ello convierte a esta planta en firme candidata para los experimentos legalizadores que buscan encontrar fórmulas que permitan obtener ingresos adicionales para el estado, perjudicar a las grandes organizaciones criminales y mejorar la seguridad de los consumidores.

Varios estados están dando este paso. En algunos casos (Israel, Alemania o Reino Unido) se está optando por limitar esta apertura al ámbito terapéutico, de una manera aún fuertemente monitorizada por el estado. En otros (como Canadá o Uruguay), las administraciones van bastante más allá, buscando fórmulas que también acojan a los consumidores recreativos. Cada uno de estos países, no obstante, pone en juego una regulación particular única, con lo que empieza a haber una gran variedad de modelos sobre el tablero.

Países Bajos

Holanda es el único estado europeo en el que el cannabis recreativo es «legal» en sentido (más o menos) estricto, y uno de los países con mayor trayectoria en este sentido.

La legislación neerlandesa, que contempla tanto el uso terapéutico como el recreativo, despenalizó en los años setenta la posesión y consumo de pequeñas cantidades de Cannabis (hasta cinco gramos) siempre que no tenga lugar en la vía pública. Además, permitió la venta minorista en puntos autorizados (los llamados «Coffee Shops») sujetos a una estricta normativa y el cultivo (únicamente por parte de particulares) de hasta cinco plantas, límite a partir del cual  pasa a considerarse que existen fines comerciales y se incurre en delito. Esta regulación genera un vacío legal en cuanto al abastecimiento de los Coffee Shops, que paradójicamente obtienen su producto de manera ilegal.

El resultado, al contrario de lo que podría esperarse, es que Países Bajos tiene una media de consumo bastante inferior a otros estados europeos; una edad de inicio mayor (en este modelo, la regulación prohíbe la venta a menores de edad, lo que dificulta el acceso a la sustancia más que en aquellos estados en los que es ilegal) y menores problemas con otras drogas más peligrosas como la heroína o la cocaína.

El modelo, no obstante, también tiene algunos inconvenientes. Por un lado, la imposibilidad de los Coffee Shops de abastecerse de manera legal les obliga a acudir al circuito delictivo. Por otro, la situación ha generado una auténtica industria dedicada al turismo cannabico, que si bien reporta grandes beneficios económicos al país, muchas veces no es bien visto por la población y provoca cierta tensión social. Además, la tasa de consumo de drogas de diseño (como el éxtasis o el speed) casi dobla la media europea, gracias en una parte importante a este particular tipo de turismo.

Uruguay

En 2013, Uruguay se convertía en el primer estado del mundo en legalizar el consumo de marihuana recreativa en todo su territorio, y lo hacía con una política claramente orientada a mejorar la situación del consumidor. Es por ello que su modelo es, a la vez, uno de los que más facilitan el acceso a la sustancia y uno de los más restrictivos con la industria del estupefaciente.

La venta, en este caso, se realiza en farmacias que, con un detector de huella dactilar, identifican a los compradores y les permiten obtener hasta diez gramos semanales. El estado fija los precios (que son excepcionalmente bajos para eliminar la competencia del mercado negro) y establece unos controles de calidad obligatorios. Además, sólo dos empresas están autorizadas para producir cannabis, en cantidades determinadas por la administración.

Este marco está resultando un gran éxito a la hora de combatir el narcotráfico. Aunque es pronto para estudiar la evolución de la edad de inicio en el consumo o su prevalencia media, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis estima que más del 55% de los usuarios de la sustancia acceden a ella por vía legal. Además, una buena parte de aquellos que aún acuden al mercado negro son turistas que acuden animados por la legalidad del cannabis (no es casualidad que el turismo haya aumentado en los últimos cuatro años), sólo para encontrarse que, como extranjeros, no pueden adquirirlo por esta vía. Por esto, el gobierno estudia ahora permitir el acceso al cannabis legal también a extranjeros.

Estados Unidos

El caso de Estados Unidos es un tanto particular. El consumo, posesión, producción y venta de cannabis continúa siendo ilegal en virtud de la ley federal (que rige todo el país), pero no pocos estados van legalizando el uso terapéutico o recreativo de la sustancia, como ocurre en Colorado, Washington, California y Nevada entre otros. 

En el caso estadounidense, las regulaciones varían de estado a estado, pero el modelo de Colorado (inspiración para los demás) permite la venta de pequeñas cantidades en puntos de venta denominados dispensarios. Si bien existen regulaciones muy estrictas respecto a controles de calidad y cantidad de producción permitida, una de sus características ha sido el amplio grado de apertura del mercado del cannabis, permitiendo la creación de numerosas empresas en un ambiente de competitividad.

En su primer año, esta política le revirtió al estado de Colorado 70 millones de dólares en impuestos, más que aquellos recaudados en la venta de bebidas alcohólicas, superando con mucho las previsiones. Además, aparentemente, el consumo entre adolescentes parece haberse reducido de un 12% a un 9%, aunque aún es pronto para establecer valores significativos en cuanto a estadísticas de consumo.

La legalización en Colorado, no obstante, no ha estado exenta de conflictos. Además de una importante alarma social en sus inicios, el mercado de la marihuana regulada se ha encontrado con un duro obstáculo; al ser ilegal a nivel federal, casi ningún banco está dispuesto a invertir en esta naciente industria, por miedo a las consecuencias legales. Esta circunstancia frena mucho el desarrollo industrial de la producción de cannabis, manteniendo unos precios notablemente altos (entre 10 y 14 dólares el gramo) que no acaban de desbancar al mercado ilegal. 

Canadá

Canadá se ha convertido recientemente en el primer país del G20 en legalizar el uso recreativo del cannabis en todo su territorio. Anteriormente, en 2001, el país norteamericano ya había legalizado el uso terapéutico.

Aunque la ley establece la edad mínima requerida para comprar marihuana en 18 años, deja en manos de las provincias buena parte de los requerimientos más específicos, por lo que en algunos casos se exigen 19 o más años. Además, también dependiendo de la provincia, la producción y venta está permitida a empresas privadas o queda en manos del estado.

Otras claves del marco canadiense incluyen la posibilidad del cultivo particular, una política de tolerancia cero con la conducción bajo los efectos de la sustancia y unas limitaciones bien definidas al consumo público, similares a las del tabaco (que ya son bastante estrictas en Canadá).

Aún no existen apenas datos que evalúen los resultados de estas políticas, pues no fue hasta el mes pasado que la ley entró en vigor. No obstante, se trata de un modelo que ha generado bastante admiración entre los partidarios de la legalización y que podría servir de inspiración a otros países que se decidan a seguir esta senda.

¿Y en España?

A raíz de la propuesta de Podemos de legalizar el uso recreativo y reformar sustancialmente la regulación del uso terapéutico (que es legal en nuestro país), el debate sobre la legalización va poco apoco cobrando presencia en la vida política española, aunque el gobierno de Pedro Sánchez rechaza abordar esta cuestión por ahora.

El proyecto de Podemos presenta muchas similaridades con el de Canadá, su inspiración directa. Pone énfasis en el cooperativismo, en el control de la producción y en la protección de aquellas empresas pequeñas que puedan desear aventurarse en el negocio frente a grandes corporaciones, así como en una importantísima faceta recaudatoria y en la complementariedad con programas de información y concienciación.

Lo cierto, no obstante, es que el estatus del cannabis en España ya es bastante peculiar. Sin ser legal, es uno de los estados más permisivos de Europa al haber despenalizado el consumo no sólo de cannabis, sino de estupefacientes en general (es decir, no conlleva sanciones penales). La posesión o consumo en la vía pública si conlleva sanciones, aunque estas son de las más bajas del entorno.

La mayor dificultad para los usuarios se encuentra, por tanto, en el abastecimiento; por una parte, la venta es ilegal y sí está fuertemente perseguida, lo que obliga a la mayoría de compradores a acudir al mercado negro. Por otra, tanto la producción particular como los llamados «clubes cannabicos» (que operan como clubes sociales en los que los socios participan de una plantación colectiva) se ven rodeados de un halo de inseguridad jurídica al operar en vacíos legales. Aunque generalmente estas dos situaciones no se persiguen,  sí se han dado casos de intervenciones judiciales y condenas por ello, lo que mantiene estas alternativas en un perfil muy bajo al que pocos usuarios recurren.

En un país en el que el consumo es muy habitual (España es el cuarto país de la Unión Europea en el que más cannabis se consume) y que parte de un marco legal bastante permisivo, la legalización puede suponer una oportunidad para minimizar la actividad de las organizaciones criminales y obtener unos notables ingresos para el Estado. Los partidarios aún tienen que hacer frente a los argumentos en contra (la  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción advierte de un posible incremento del consumo y de los problemas de adicción asociado a una bajada de la percepción de riesgo, especialmente entre los más jóvenes) pero la experiencia en otros países apunta a que un cambio de paradigma en las políticas de drogas puede significar tanto la proliferación de una lucrativa fuente de ingresos para el país como una mejora significativa de la situación del consumidor.