La Corte Penal se declara competente para investigar la deportación de los rohinyá en Birmania
EFE
- Cerca de 500.000 niños rohinyás viven hacinados y expuestos a enfermedades.
- La ONU pide juzgar a militares birmanos por «genocidio» de rohinyás.
Una sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó este jueves que puede ejercer su jurisdicción sobre la supuesta deportación del pueblo rohinyá de Birmania (Myanmar) a Bangladesh, según informó el tribunal en un comunicado.
Birmania no acepta la jurisdicción de la Corte penal, pero los jueces han manifestado que los supuestos crímenes se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal de La Haya.
Con esta decisión, adoptada por una sala de cuestiones preliminares, la CPI responde a la solicitud de la Fiscalía de investigar las transferencias forzosas y las deportaciones como crímenes de lesa humanidad.
La Oficina de la Fiscal había recabado datos de diversos organismos de la ONU, medios de comunicación y diversas ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para documentar los supuestos abusos padecidos desde agosto de 2017 por esta minoría étnica musulmana, que no es reconocida por las autoridades birmanas.
Y es que hace una semana, Naciones Unidas publicó un duro informe donde instaba a la Corte Penal a investigar a seis altos oficiales birmanos por dirigir una campaña «de intención genocida» en Rakáin y por crímenes contra la Humanidad en los tres estados del país, o a crear un tribunal internacional penal ad hoc para juzgar esos crímenes. Entre los altos cargos figura el general Min Aung Hlaing, máximo responsable del país.
El cruce de frontera, clave
«Un elemento de este delito, el cruce de una frontera, tuvo lugar en el territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma, Bangladesh«, dijo el tribunal, que tomó su decisión por una mayoría de dos votos contra uno.
Queda por ver cómo reaccionará Birmania, pues sus autoridades acusaron en febrero al tribunal de «anular» su principio de soberanía con la posible investigación, pues al no ser signataria del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, considera que no tendría obligación de acatar su jurisdicción.
Unos 700.000 rohinyás han huido de Birmania a la vecina Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, a raíz de una campaña militar en respuesta a un supuesto ataque de un grupo insurgente contra puestos policiales y fronterizos.