Detenidos dos agentes por la muerte del militar acusado de golpista en Venezuela

EFE

Ofrenda en honor del militar muerto en Venezuela

Un tribunal de Venezuela anunció este lunes la detención de dos militares por su presunta responsabilidad en la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, que estaba preso tras ser acusado de golpista por el Gobierno y que la oposición denuncia que fue torturado.

Los detenidos son el suboficial Estiben José Zárate Zoto, de 22 años, y el sargento segundo Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23 años, ambos pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Un tribunal de Caracas ordenó prisión preventiva para los dos militares «por su presunta vinculación en la muerte» de Acosta Arévalo, capitán de corbeta, «quien se encontraba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)», señaló el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un comunicado.

Zárate Zoto y Tarascio Mejía, quien ostenta el rango de teniente, fueron acusados de «homicidio preterintencional» y permanecerán recluidos en el mismo lugar donde estuvo detenido el capitán fallecido.

El fiscal general, Tarek Saab, celebró la detención de estos dos militares y aseguró que el Ministerio Público está «cumpliendo con el compromiso de realizar una investigación objetiva, independiente e imparcial para determinar las causas» de este hecho. Realizadas las primeras indagaciones preliminares «se ha establecido la vinculación de dos funcionarios con este lamentable hecho», indicó Saab en la red social Twitter.

La Fiscalía, prosiguió, «seguirá acumulando pruebas para obtener todos los elementos de convicción y de esta manera sancionar de forma ejemplar estos lamentables hechos, que no forman parte del espíritu democrático de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

De acuerdo con informaciones de la prensa venezolana, el capitán Acosta Arévalo fue detenido el pasado 21 de junio por funcionarios de la Dgcim sin que se indicaran entonces los motivos. Según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue «torturado hasta la muerte» y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante el tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció el pasado miércoles que desactivó un golpe de Estado que iba a ser perpetrado entre el 23 y 24 de junio y que incluía el asesinato de los principales líderes del chavismo, entre ellos el propio presidente. Un día después, el fiscal general informó de que Acosta Arévalo formaba parte de la conspiración, y que estaba siendo investigado junto a otros 13 civiles y militares.

«Símbolos visibles de tortura»

Por su parte, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, denunció este lunes que el capitán Acosta Arévalo fue torturado y «asesinado» mientras estaba bajo custodia del Estado.

En una rueda de prensa, en nombre del Legislativo, la diputada Delsa Solórzano aseguró que Acosta Arévalo «estaba brutalmente torturado, tenía símbolos visibles de tortura» la semana pasada cuando fue llevado a tribunales para la audiencia de presentación.

«El resto de los detenidos también habían sido torturados», prosiguió Solórzano en alusión al grupo de hombres detenidos después de que el Gobierno les acusara de conspiradores y de que la Fiscalía pidiera encarcelarles.

Por ello, la legisladora informó de que el Parlamento ha solicitado a la ONU aplicar los protocolos internacionales en Venezuela para investigar casos de tortura de forma «independiente, imparcial, sin ningún tipo de sesgo político por parte de las autoridades correspondientes».

Bajo esta premisa, prosiguió, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, no debe encabezar las averiguaciones pues «no es más que un instrumento político» del presidente Maduro «y de sus cómplices».

En este caso, la investigación internacional, según Solórzano, «aplica para los detenidos que hoy están vivos pero que fueron torturados» y para el capitán que perdió la vida el pasado sábado.

«Esta investigación imparcial puede hacerse a través de expertos internacionales de la materia, de tal manera que estamos solicitando por escrito la designación de un cuerpo de expertos internacionales que puedan contribuir a la transparencia que se requiere en este caso», sostuvo.

La diputada pidió proteger a los familiares de los militares que fueron detenidos el mes pasado por presunta conspiración y denunció que ni los diputados o los abogados defensores han podido ingresar a la sede de la Dgcim, donde estaba recluido el capitán de corbeta.

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