Errada visión política sobre el Pacto Eléctrico
El diálogo para la firma del denominado Pacto Eléctrico tiene su origen en el hecho de que las autoridades dominicanas, en las distintas gestiones gubernamentales de diferentes partidos políticos, no han sido capaces de resolver un problema de tanto impacto socioeconómico como el energético. De hecho, los intentos de solución han sido fallidos y muy costosos.
Por lo tanto, si un gobierno determinado promueve el Pacto Eléctrico no debe verse como un logro, sino como la admisión de incumplimiento de la Ley General de Electricidad y el esfuerzo de buscar una solución conjunta, pues está demostrado que por sí solo no ha podido echar adelante la constitución de un eficiente servicio a precio razonable y de manera constante.
Entonces, creo que políticamente, desde la oposición, resulta errada la postura de rechazar la firma del Pacto Eléctrico con argumentos que no son del todo ciertos y, además, con la aparente intención de quitarle al Gobierno de turno el supuesto logro que implicaría su firma.
En mi condición actual de director de Comunicación Estratégica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se pudiera interpretar como parcializada mi posición sobre el tema. Sin embargo, lo que deseo exponer es mi visión política al respecto.
En primer lugar, considero que la firma del Pacto Eléctrico no es un logro político del Gobierno, sino la admisión del Estado de que en las últimas décadas no ha podido resolver el problema de la energía.
En segundo lugar, más del 90% de los compromisos que se asumen en el Pacto Eléctrico pesan sobre la responsabilidad del Estado, es decir, del Gobierno. Esto indica que la oposición política debería ser la más interesada en que se firme, porque así tendría un instrumento de ataque contra el Gobierno, si no cumple con los compromisos del Pacto.
Visto de otra manera, es posible que en lugar de sentirse afectado, el presidente Danilo Medina se sienta complacido de que sectores rechacen la firma del Pacto Eléctrico, porque así se liberaría de asumir con su firma los difíciles compromisos que impone ese documento al Gobierno de turno.
Si yo fuera líder de la oposición política, como han de serlo los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, estaría entre los primeros interesados en que se firme el Pacto Eléctrico para ponerle más presión al Gobierno de turno sobre una cantidad de metas en materia eléctrica que son difíciles de cumplir, como la reducción de pérdidas de las distribuidoras y la administración efectiva de la tarifa eléctrica, entre otros.
Con el Pacto Eléctrico en vigencia, en la medida en que esas metas y compromisos del Estado no se cumplan, la oposición política tendrá material para atacar al Gobierno por su incapacidad o violación de ese compromiso.
En cambio, sin Pacto Eléctrico, el Gobierno puede seguir como está, sin presión de cumplimiento de metas, y desarrollando su propia agenda energética, que buena o no, la estaría ejecutando sin una camisa de fuerza como lo sería ese documento.
El hecho de que partidos minoritarios y muy pequeñas organizaciones empresariales y sociales rechacen la firma del Pacto Eléctrico es perjudicial para el país, pues se está provocando un mayor retraso en la búsqueda de solución al problema energético; pero también se constituye en un favor indirecto para el Presidente, quien ha de estar muy tranquilo viendo cómo sectores de la sociedad se empeñan en reducirle responsabilidad en lugar de aumentársela.
En resumidas cuentas, mi visión política es que los sectores que están rechazando el Pacto Eléctrico no se dan cuenta de que con eso benefician al Gobierno en lugar de perjudicarlo. No se dan cuenta de que si se firma el Pacto, pueden atacar al Gobierno por no cumplirlo y que si el Gobierno lo cumple, pueden capitalizar los logros diciendo que fueron parte de eso.
En todo caso, la oposición política se beneficiaría como quiera con la firma del Pacto, mientras que el gobierno de turno se arriesga a quedar mal con el peso de los compromisos que habría de asumir y que de manera errada algunos sectores insisten en que no los asuma.