El cierre parcial del gobierno de Trump se convierte en el más largo de la historia en EEUU

El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, que ha dejado a 800,000 funcionarios sin paga por el enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y la oposición sobre un muro en la frontera con México, se convirtió este sábado en el más largo de la historia del país.

Este sábado el cierre gubernamental superó los 21 días de otro “shutdown” que se dio entre 1995 y 1996 bajo el mandato de Bill Clinton.

Todo hacía indicar que se llegaría a esa hora sin acuerdo, ya que ni Trump, que exige destinar 5,700 millones de dólares para cumplir su promesa de campaña, ni la oposición demócrata en el Congreso, que se niega a liberar esos fondos para financiar un muro que considera “inmoral”, caro e ineficaz para combatir la inmigración ilegal, dan su brazo a torcer.

Trump retrocedió en sus amenazas previas de acabar con el punto muerto en las negociaciones declarando una emergencia nacional e intentando procurar fondos saltándose el Congreso, una medida casi seguramente hundiría al país en una tormenta política y auguraría una batalla en las cortes por extralimitación de los poderes presidenciales.

“La solución fácil para mí es declarar una emergencia nacional… (pero) no lo voy a hacer tan rápido porque le corresponde hacerlo al Congreso”, dijo a periodistas el viernes.

El Congreso, por su parte, añadió más leña y aplazó, hasta como mínimo el lunes, una sesión prevista para el viernes en la tarde.

Por lo que los cerca de 800,000 funcionarios federales estadounidenses afectados por el cierre gubernamental -desde agentes del FBI, a controladores aéreos y trabajadores en museos- no recibieron por primera vez sus salarios el viernes.

La mayoría de ellos cobra cada quincena, y recibió su última paga a finales de diciembre.

La Cámara de Representantes aprobó el viernes una ley, ya validada por el Senado, para garantizar que los funcionarios cobren con carácter retroactivo el salario una vez termine el “shutdown”. Ahora le corresponde al presidente promulgarla.

Este tipo de medidas son normales cuando el país sufre un cierre gubernamental, pero no beneficia a los millones de trabajadores por contrato también afectados.