Beneficios petroleros a cambio de votos

Camillo Gonsalves, ministro de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, hizo un breve silencio para darle mayor énfasis a su discurso. Estaba en el Parlamento de su país para presentar el presupuesto de 2018. Luego de la pausa dijo que su padre, el primer ministro Ralph Gonsalves, había logrado un acuerdo con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para concretar “el perdón” de unos US$30 millones de la deuda adquirida a través de Petrocaribe, convenio a través del cual el gobierno venezolano ha vendido con créditos flexibles productos petroleros a países de América Central y el Caribe.

Segundos antes, había mencionado que Maduro también perdonó otros US$29 millones de un préstamo concedido a través del Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), otra plataforma de integración liderada desde Caracas y de la cual el país caribeño igualmente forma parte. “El gobierno y el pueblo de San Vicente y Granadinas están extremadamente agradecidos con el gobierno y el pueblo de Venezuela”, expresó Gonsalves, mientras se escuchaba un suave golpeteo en las mesas, a modo de celebración, de los parlamentarios del Unity Labour Party, que ha gobernado por 17 años consecutivos en ese país.

Gonsalves no fue noticia continental ese 7 de febrero de 2018, y apenas algunos medios locales reprodujeron la noticia, pero cuatro meses más tarde sí estuvo sometido al escrutinio internacional cuando ejerció como emisario de alto nivel del gobierno de su país en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada el 5 de junio. En ella los cancilleres decidieron iniciar el procedimiento para expulsar a Venezuela de la institución multilateral. El ministro sanvicentino votó contra la sanción que fue aprobada por 19 países que hicieron mayoría bajo la iniciativa de Estados Unidos y de 12 países del denominado Grupo de Lima agrupados con el objetivo de buscar salidas a la crisis venezolana. La mayoría decidió sancionar a Venezuela por considerar que habían sido fraudulentas las elecciones presidenciales celebradas dos semanas antes y en las cuales Maduro se reeligió por seis años.

Para esta investigación periodística de #Petrofraude se evaluaron más de 800 actas de reuniones de cancilleres, del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la OEA celebradas entre 2001 y 2018, lo que permitió confirmar un alto nivel de coincidencia entre los intereses del gobierno venezolano y el patrón de votación de los países de Centroamérica y el Caribe que se han beneficiado con créditos de Petrocaribe y otros convenios energéticos que comparten condiciones ventajosas.

Esa concordancia, de acuerdo con los documentos examinados, ha quedado más patente durante la presidencia de Maduro, en la que se hizo recurrente la necesidad de someter a votaciones asuntos sensibles para su gobierno relacionados con el respeto a la democracia y los derechos humanos. Un total de 13 sesiones clave, decididas voto a voto, fueron identificadas desde 2014 al presente en la evaluación. En ellas se decidieron desde resoluciones sobre Venezuela y exhortos al gobierno de Maduro, hasta la conveniencia de que ciertas discusiones se llevaran a cabo a puerta abierta o cerrada.

La cancillería venezolana ha descrito en documentos oficiales al bloque de beneficiados de los créditos petroleros como parte de una barrera de protección internacional, una suerte de escudo diplomático. “La concepción estratégica de acción exterior de Venezuela hacia la región pasó por la definición y reforzamientos de los anillos de protección geopolítica constituidos por la ALBA y Petrocaribe como primer anillo”, se señaló en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano en 2015, año cuando el entonces presidente estadounidense Barack Obama catalogó en una orden ejecutiva a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de su país. Como segundo y tercer anillos con igual propósito “de defensa y garantía de la soberanía nacional” se mencionaron a otras organizaciones como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), instancias también impulsadas por Venezuela. La metáfora de los anillos, propia del lenguaje militar, refleja la visión del gobierno de Caracas con respecto a la importancia geopolítica de la cooperación petrolera y explica los pasos de su diplomacia.

Lo ocurrido en la organización fue parte de un patrón identificable en otras instancias internacionales como Naciones Unidas, de acuerdo con documentos y fuentes consultadas por #Petrofraude. Un estudio examinado confirmó que en las votaciones de la Asamblea General de ese organismo hubo también importantes concordancias entre las posiciones de los gobiernos de Caracas y las de los socios beneficiados con la cooperación petrolera venezolana.

En otras instancias del sistema de Naciones Unidas, el apoyo se observó incluso con mayor nitidez. Delegaciones de estados de Petrocaribe, por ejemplo, fueron más que moderadas al abordar la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las dos ediciones de los Exámenes Periódicos Universales (EPU) de 2011 y 2016, en los que diplomáticos intercambiaron públicamente críticas y recomendaciones de país a país, según esta investigación.

La capacidad de la diplomacia venezolana para contener cuestionamientos internacionales, sin embargo, no es la misma del pasado. Casos de envergadura lo han constituido la resolución histórica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la cual se conminó a Maduro a aceptar ayuda humanitaria para su país en septiembre de 2018 y las más recientes decisiones de la OEA.

A la luz del inventario realizado por #Petrofraude, la diplomacia de Nicaragua, la de San Vicente y Granadinas y la de Dominica aparecen como las más consistentes en la línea del apoyo. Rafael Ramírez, ex funcionario de Chávez, no evadió el tema en una entrevista. “Hicimos una política diferenciada para unos pueblos que son muy pequeños, pero que al cabo son países soberanos. ¿Qué eso nos dio una extraordinaria presencia geopolítica? Sí, claro. ¿Y por qué no lo vamos a hacer si todos lo hacen?”, dijo.

Ramírez, ahora enfrentado a Maduro, afirma que el volumen de petróleo despachado a los países del acuerdo era relativamente poco y permitía capitalizar un efecto multiplicador en relaciones internacionales.

Un ex funcionario dominicano que gestionó el convenio energético desde RD —y habló bajo condición de que su identidad fuera resguardada— explicó por qué persistió la influencia socialista bajo Petrocaribe, pese a que su país alivió las deudas: “Sabemos que si suben los precios petroleros no conviene estar enfrentados con ellos y eso es de nuestro interés nacional. Lamentamos mucho lo que pasa en Venezuela”.